La ex alta consejera para las regiones, Sandra Ortiz, se encuentra en el centro de un escándalo judicial que podría llevarla a prisión. Según la Fiscalía, Ortiz eliminó evidencia crucial de su teléfono móvil en medio de la investigación por el desfalco de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Los hallazgos revelados por SEMANA exponen detalles que la comprometen gravemente.
El próximo miércoles, Ortiz podría enfrentar una medida de aseguramiento, respaldada por un informe forense que documenta la eliminación de mensajes y registros de llamadas relacionados con el caso. Entre las pruebas borradas se encuentran chats con el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, y referencias a transacciones millonarias que involucran a altos funcionarios.
Transferencias millonarias y coordinación sospechosa
Uno de los episodios más comprometedores señala la entrega de 3.000 millones de pesos al expresidente del Senado, Iván Name, en octubre de 2023. Según la Fiscalía, el dinero habría sido transportado en maletas y entregado en una suite de las residencias Tequendama, en Bogotá. La operación habría sido coordinada por Ortiz, quien, según los investigadores, intercambió mensajes con Olmedo López para planificar el movimiento de los fondos.
Sin embargo, esos chats y otros registros fueron eliminados del celular de Ortiz. Entre los mensajes desaparecidos se encuentran instrucciones detalladas y la referencia a la suite “2312”, lugar donde presuntamente se realizó una de las entregas.
Nexos con proyectos en la Costa Caribe
Además del caso Name, la Fiscalía descubrió mensajes relacionados con proyectos en Piojó, Atlántico. Estos evidencian el interés de Ortiz en destinar recursos de la UNGRD hacia inversiones cuestionadas, aprovechando su influencia como alta consejera. En un mensaje enviado a López, Ortiz muestra su alineación con decisiones estratégicas para beneficiar ciertas regiones, lo que refuerza las sospechas sobre su papel en manejos irregulares.
Manipulación de evidencias y estrategia fallida
El análisis forense reveló que Ortiz eliminó contactos, llamadas y chats clave que vinculan sus movimientos con la operación. Comparaciones entre los dispositivos de López y Ortiz muestran discrepancias significativas: mientras en el celular del exdirector de la UNGRD aparecen registros completos, el de Ortiz presenta omisiones evidentes.
La Fiscalía destaca que estas acciones no solo dificultan el proceso investigativo, sino que son indicativas de una intención deliberada de obstruir la justicia. Según el informe, “se observó la eliminación de mensajes y registros de llamadas fundamentales para la investigación, lo que compromete directamente a la exfuncionaria”.
Una posible detención inminente
Ante la gravedad de los hallazgos, la Fiscalía solicitó una medida de aseguramiento contra Ortiz, argumentando que su influencia podría entorpecer el curso del proceso judicial. Los indicios señalan que su participación en la trama de corrupción de la UNGRD no se limitó a un papel secundario, sino que fue clave en la coordinación de transacciones y en la eliminación de pruebas.
Mientras tanto, Ortiz ha defendido su inocencia, acusando a los medios de manipular la información en su contra y alegando persecución política. Sin embargo, las evidencias recopiladas por la Fiscalía contradicen su versión y podrían determinar su futuro legal.
Este miércoles será crucial para definir el destino de Sandra Ortiz, quien enfrenta acusaciones que van desde obstrucción de la justicia hasta su presunta participación en una red de corrupción que involucra a altos funcionarios y manejos ilícitos de recursos públicos.
