Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, ha sido enviada a la cárcel El Buen Pastor en Bogotá, acusada de participar en un esquema de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La jueza de control de garantías determinó que Ortiz representa un peligro para la sociedad y podría interferir con las pruebas del caso, justificando así su detención preventiva.
Según la Fiscalía, Ortiz habría coordinado la entrega de 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado, Iván Name, como soborno para asegurar apoyo legislativo al gobierno de Gustavo Petro. Las investigaciones revelaron que Ortiz eliminó conversaciones de WhatsApp con Olmedo López, exdirector de la UNGRD, en las que se discutía la logística de la entrega del dinero.
Durante la audiencia, Ortiz acusó a Laura Sarabia, alta funcionaria cercana al presidente Petro, de orquestar un complot en su contra para utilizarla como «chivo expiatorio» y encubrir otros actos de corrupción. Sarabia rechazó estas acusaciones, calificándolas de infundadas, y afirmó que, junto con el presidente, tomó medidas para suspender contrataciones en la UNGRD tras conocerse el escándalo.
Las autoridades continúan investigando el desvío de aproximadamente 4.000 millones de pesos en contratos públicos, presuntamente destinados a sobornos para altos funcionarios. Este caso ha generado una crisis en el gobierno de Petro, al involucrar a figuras clave de su administración en actos de corrupción.
Sandra Ortiz, miembro del Partido Verde y con una destacada trayectoria política en Boyacá, ha negado todas las acusaciones en su contra. Sin embargo, la jueza consideró que su detención es necesaria para garantizar la integridad del proceso judicial.
Este escándalo ha puesto en evidencia la infiltración de prácticas corruptas en las más altas esferas del gobierno, generando preocupación sobre la transparencia y la ética en la administración pública.
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