Washington y Bogotá atraviesan un nuevo episodio de tensión diplomática tras la condena impuesta al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Altas figuras del Partido Republicano y miembros del entorno del expresidente Donald Trump han manifestado su rechazo frontal al fallo judicial colombiano, calificándolo como una persecución política orquestada por la izquierda radical.
El exembajador William Brownfield, con amplio conocimiento de la región, fue directo: “Respetamos el fallo, pero no podemos ignorar que Álvaro Uribe ha sido el mejor presidente que he conocido en mi vida adulta”.
El secretario de Estado del Gobierno Trump, Marco Rubio, no escatimó en críticas: “El único delito del expresidente colombiano Uribe ha sido defender su patria. La instrumentalización del poder judicial por jueces radicales es un precedente alarmante”. Su subsecretario, Christopher Landau, advirtió: “La tradición de independencia judicial en Colombia ha sido manchada. Espero que las cortes de apelación corrijan este abuso”.
Las voces republicanas se han multiplicado. La congresista María Elvira Salazar denunció “una infamia contra quien enfrentó al terrorismo cuando nadie más se atrevía”, mientras que el representante Carlos Giménez denunció una “persecución política”. Mario Díaz-Balart fue más allá y apuntó directamente contra el gobierno de Gustavo Petro: “Es una cacería de brujas orquestada por las fuerzas de extrema izquierda”.
En el Senado, Rick Scott calificó a Petro como “un criminal socialista” y pidió respaldo internacional para Uribe. El senador colombo-estadounidense Bernie Moreno alertó sobre un posible quiebre institucional: “Colombia se acerca peligrosamente a la ilegitimidad”. Ashley Moody, senadora por Florida, aseguró que el caso está “plagado de irregularidades”.
Aunque Donald Trump aún no se ha pronunciado sobre la condena, muchos recuerdan cuando lo condecoró en 2020 con palabras contundentes: “¡Álvaro Uribe, un héroe y aliado en la lucha contra el castrochavismo!”
Los paralelos con Brasil no se han hecho esperar. En el pasado, ante un proceso judicial contra Jair Bolsonaro, el Gobierno Trump impuso sanciones comerciales y revocó la visa de un juez brasileño, invocando la Ley Global Magnitsky. Sectores políticos advierten que un escenario similar podría darse con Colombia.
“Uribe ha sido un aliado estratégico de Estados Unidos. Su persecución es una amenaza al equilibrio institucional”, advirtió el senador Moreno.
El presidente Gustavo Petro, por su parte, respondió con un mensaje escueto pero firme en X: “Colombia no se chantajea”.
Desde el uribismo, las reacciones frente a Washington han sido prudentes. El expresidente Iván Duque alertó sobre las consecuencias para la imagen internacional de Colombia. “Es preocupante que quienes fueron aliados de Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo estén siendo destruidos por procesos cargados de irregularidades”, afirmó.
El abogado penalista Jaime Lombana, parte del equipo de defensa, valoró los pronunciamientos desde Estados Unidos y subrayó el compromiso histórico de Uribe con la lucha contra el narcotráfico.
El expresidente Uribe, en su intervención final ante la jueza, denunció un sesgo político en su proceso y afirmó que se ha buscado silenciar una voz de oposición democrática.
Ahora, el mundo espera la posible reacción oficial de Donald Trump. La condena de Uribe, más allá del terreno judicial, podría tener repercusiones geopolíticas significativas para Colombia en su relación con Washington.
