El funcionario afirmó que la decisión adoptada respalda la postura que fijó recientemente.
Este miércoles, 18 de junio, el Consejo de Estado ordenó suspender provisionalmente el decreto que convocaba la consulta popular prevista para el 7 de agosto. La decisión se tomó en respuesta a una demanda contra el conocido ‘decretazo’ del jefe de Estado.
La Sección Quinta del alto tribunal detalló que la demanda fue admitida tras concluir que se trataba de un acto electoral emitido por una autoridad nacional, que buscaba activar un mecanismo de participación ciudadana como la consulta popular.
Así se detalló en la providencia: “La Sección Quinta es competente para adelantar el trámite del medio de control de nulidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 149.1 del CPACA y el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 (modificado por el Acuerdo 434 de 2024 de la Sala Plena de esta corporación)”.
Por esa razón, el registrador Hernán Penagos se pronunció sobre el tema recordando que recientemente anunció que el futuro de ese mecanismo de participación quedaría en manos de las altas cortes, al considerar que existe un debate jurídico entre la Casa de Nariño y el Congreso de la República.
“Tal y como lo planteamos esta semana, lo correcto siempre ha sido esperar a que las cortes decidan. En este caso, el Consejo de Estado tomó una decisión y ordenó suspender el decreto que convoca la consulta y seguramente se conocerá una sentencia”, dijo Penagos.
El registrador asegura que este pronunciamiento del Consejo de Estado es positivo, pues la corporación tiene la competencia para hacerlo y va demostrando el camino que se debe tomar de aquí en adelante.
“Lo que está haciendo el Consejo de Estado es actuar con sentido jurídico porque, sin duda, existía una controversia que requería una posición jurídica clara. Lo que me anima es que nos da unas luces sobre lo que debe hacerse en el futuro y reconoce un planteamiento que hicimos y es la controversia jurídica”, reiteró.
Al conocer la decisión del Consejo de Estado, el presidente Gustavo Petro respondió de inmediato a las críticas surgidas por la expedición del decreto y rechazó las afirmaciones en el sentido de que debe cambiar de asesores.
“Ni lo uno ni lo otro. Ni el Consejo de Estado puede determinar inconstitucionalidad, ni necesito cambiar asesores, porque tampoco ha dicho ilegalidad, solo una sala ha suspendido transitoriamente mi decreto que entregué fue a la Corte Constitucional”, expresó el mandatario.
Según Petro, la suspensión ordenada podría afectar la conciliación de la reforma laboral, que fue aprobada en último debate en la plenaria del Senado.
“Claro que la mesa directiva de Senado puede usar la suspensión, para detener la conciliación y acabar con los derechos recién adquiridos por millones de trabajadores de Colombia, o puede cumplir su palabra; ya no es ante mí, como presidente, es ante el pueblo, y no es una amenaza, el pueblo tendrá la última palabra, porque es el poder soberano, el verdadero dueño del poder”.
El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, anunció que se estudia la posibilidad de denunciar al registrador Hernán Penagos por prevaricato.
