La administración de Donald Trump está preparando una redada migratoria a gran escala que tendría lugar la próxima semana en una de las principales ciudades de Estados Unidos, según reportó The Wall Street Journal, citando a cuatro fuentes familiarizadas con la planificación.
Esta operación, que movilizaría entre 100 y 200 agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), sería el primer paso en la prometida campaña de deportaciones masivas que el entonces presidente electo anunció durante su campaña. Chicago sería una de las primeras ciudades objetivo, con operativos que podrían comenzar apenas 24 horas después de su toma de posesión.
Además, fuentes confirmaron al New York Post que Nueva York también sería parte de esta iniciativa. Según las declaraciones, se lanzarían “operaciones terrestres” de varios días en ambas ciudades, las cuales han sido señaladas por Trump como “santuarios” debido a la negativa de las autoridades locales a colaborar con el gobierno federal en cuestiones migratorias.
Enfoque en “amenazas” y deportaciones masivas
Aunque no se han especificado los objetivos exactos, Tom Homan, designado por Trump como responsable de la seguridad fronteriza, ha prometido priorizar la deportación de inmigrantes indocumentados que representen, según él, una amenaza para el país. “No estamos arrestando a nadie ni poniéndolo bajo custodia, dejando espacio para lo que pueda suceder la próxima semana”, reveló una fuente involucrada en los preparativos.
Estas redadas, marcadas por su agresividad, constituyen una de las principales acciones en la agenda de Trump, quien ha calificado la inmigración irregular como una “invasión”. Entre sus planes también figura la eliminación del derecho de ciudadanía por nacimiento, que considera “ridículo”.
Impacto económico y reacciones internacionales
Se estima que alrededor de 11 millones de personas viven indocumentadas en Estados Unidos. Trump ha manifestado su intención de declarar un estado de emergencia nacional tras asumir el cargo, lo que le permitiría movilizar al ejército para reforzar las deportaciones.
Sin embargo, la implementación de estas medidas podría enfrentar desafíos legales y provocar una fuerte reacción por parte de la sociedad civil y de los demócratas. Analistas advierten que la expulsión masiva de trabajadores indocumentados, que a menudo ocupan empleos poco cualificados, tendría un impacto significativo en sectores clave de la economía.
En el ámbito internacional, diplomáticos de diez países de América Latina y el Caribe han expresado su “grave preocupación” ante la posibilidad de deportaciones masivas, calificándolas como incompatibles con los derechos humanos. En una declaración conjunta emitida el 17 de enero, señalaron que dichas acciones podrían agravar las condiciones de vulnerabilidad de millones de personas y afectar las relaciones bilaterales.
