Después de una ardua y prolongada discusión en la plenaria del Senado de la República, se logró un avance significativo en el proceso de reforma pensional propuesto por el Gobierno de Gustavo Petro. Tras semanas de intensos debates, el 16 de abril de 2024 se aprobaron más de 25 artículos del proyecto en su segundo debate, pero la sesión fue levantada por falta de cuórum.
Desde el inicio, el proyecto enfrentó obstáculos y resistencias por parte de diversos sectores políticos y sociales. Sin embargo, el compromiso y la determinación de los legisladores han permitido avanzar en la discusión, superando los desafíos que se han presentado en el camino.
De esta manera se aprobaron los artículos: 31, 33, 42, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 61, 66, 68, 69, 73, 79, 81, 82, 83, 84, 88 y 89.
En la reciente aprobación de la legislación, varios puntos cruciales han surgido, al destacar la obtención de la pensión por invalidez como uno de los temas principales. Según lo estipulado, aquellos afiliados al sistema podrán acceder a esta pensión si cumplen con ciertos requisitos. Para los casos de invalidez causada por enfermedad o accidente, se requiere haber cotizado al menos cincuenta semanas dentro de los últimos tres años previos a la fecha de estructuración de la enfermedad o accidente. Sin embargo, se establecen condiciones específicas para los menores de veinte años, quienes solo necesitan demostrar haber cotizado veintiséis semanas en el último año antes del hecho causante de su invalidez.
Por otro lado, se ha creado el Sistema Nacional de Protección Social Integral para la Vejez, cuyas instancias principales serán el Consejo Nacional de Protección a la Vejez y el Comité Técnico. Este sistema busca garantizar una protección adecuada para los adultos mayores.
Otro punto aprobado es que se otorgan facultades extraordinarias al presidente de la República por un período de seis meses para realizar ajustes en la estructura, administración y recursos tanto de Colpensiones como del Ministerio del Trabajo, con el fin de implementar las nuevas disposiciones de la ley y asegurar su armonización con el resto de las instituciones pertinentes.
