Por peculado, Quintero podría pagar 22 años de cárcel, y ser inhabilitado para hacer política.
Mauricio Vargas
Si los abogados defensores del muy enredado y enredador exalcalde de Medellín Daniel Quintero, no atraviesan alguna leguleyada, en la última semana de agosto un juez de la República presidirá la audiencia en que la Fiscalía General presente el escrito de acusación contra Quintero, nueve de sus excolaboradores y tres particulares, por un gravísimo caso de corrupción. Será el paso previo al llamamiento a juicio de los 13 imputados, por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato.
La historia se remonta a 2020, cuando, según la Fiscalía, Quintero y sus funcionarios maniobraron para modificar el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y cambiar así el uso del suelo de un lote de 146.000 metros cuadrados, en una ladera entre Las Palmas y El Poblado, que estaba bajo custodia en el banco de tierras de la ciudad. Según la acusación, gracias a esos cambios, las casi 15 hectáreas de ese terreno pasaron de estar apreciadas en $ 2.700 millones a valer $ 48.000 millones, una multiplicación por casi 18 veces que benefició a los particulares.
De ahí parte lo del peculado a favor de terceros. El prevaricato surge, según la Fiscalía, de la modificación del uso del suelo que hizo la alcaldía, un cambio que solo podía aprobar el Concejo. Por el solo peculado, y en consideración del gigantesco monto, la pena de cárcel podría ir hasta los 22 años –más la inhabilitación política–, lo que da una idea de la gravedad del cargo imputado. En abril, un juez de garantías avaló la acusación y le dio 120 días a la Fiscalía para presentar las pruebas, lo que debe ocurrir antes de fin de mes.
Consciente quizás de la fragilidad de su posición judicial, parece que Quintero busca enredar la causa con una jugada política. Tras la convención del Pacto Histórico el 19 de julio, siete candidatos quedaron en escena para participar, el 26 de octubre, en la consulta interna, entre ellos el exdirector de Prosperidad Social (DPS) Gustavo Bolívar, la senadora María José Pizarro y el propio Quintero. Según una encuesta de Guarumo de inicios de julio, para la consulta Bolívar tiene una intención de voto de 29,2 %; el exalcalde de Medellín, de 20 %, y Pizarro, de 16,7 %.
Mucho va a pesar el guiño del presidente Gustavo Petro, quien mira con desconfianza a Bolívar. Aunque su preferida es Pizarro, podría inclinarse por Quintero y ayudarlo a ganar la consulta. Eso, además de los fondos económicos con que el exalcalde cuenta para hacer campaña y que en el Pacto dicen que son inagotables. Acaso piensa Quintero que, si es elegido candidato oficial del Pacto, la Fiscalía y el juez no se atreverán a avanzar contra él.
Por el solo peculado, y en consideración del gigantesco monto, la pena de cárcel podría ir hasta los 22 años –más la inhabilitación política–, lo que da una idea de la gravedad del cargo imputado
Bolívar planteó al comité de ética del Pacto que, antes de ser admitido como precandidato a la consulta, Quintero debe aclarar su situación judicial. “He pedido que ese comité se manifieste sobre en dónde quedan las líneas rojas, hasta dónde podemos aceptar candidatos con imputaciones por corrupción”, dijo hace poco el exjefe del DPS. “No hay que descartar –me dijo un colega que conoce al petrismo por dentro– que si Quintero queda inscrito, Bolívar monte una disidencia y, gracias a la popularidad de que goza, divida al Pacto, lo que sería fatal para los petristas”.
¿Qué va a hacer el comité de ética? En un partido caudillista como el Pacto, decidirá lo que Petro le ordene, y eso podría garantizar la participación de Quintero. Sabido es que a Petro las acusaciones de corrupción, por graves que sean, le importan un pepino. Y entonces, ¿qué hará la Fiscalía? ¿Permitirá que, con esa jugada que bien se parece a una fuga, Quintero se blinde y su maniobra política encamine un proceso de impunidad, justo cuando en la orilla contraria el expresidente Álvaro Uribe cumple detención domiciliaria? La fiscal general, Luz Adriana Camargo, tiene la palabra.
MAURICIO VARGAS
