La Fiscalía y la Corte Suprema serían los llamados a investigar estos hechos. Penalistas hablan de enriquecimiento ilícito.
La mala hora del presidente de la República, Gustavo Petro, a solo siete meses de haber subido al poder, tiene a su gobierno, a varios de sus alfiles y a su familia bajo sospecha, con una tormenta de la que no se sabe cómo se librará la Casa de Nariño y a la Fiscalía General de la Nación enfilando sus baterías para investigar una serie de hechos que involucrarían clientelismo, corrupción y dineros “calientes”.
Ante esto, un interrogante salta a la vista: ¿qué va a pasar con los funcionarios del Ejecutivo y personas que resultaron salpicadas en las conversaciones que Day Vásquez reveló de Nicolás Petro y sus andanzas en la campaña presidencial y en la presidencia de su padre?
De hecho, el cataclismo que generó este escándalo salpicó no solo al diputado por Atlántico, sino a varios funcionarios de su Gobierno y aliados políticos del Pacto Histórico en ese departamento.
De esta manera, aspectos como el dinero en maletines, el secretismo, las cuotas burocráticas y el afán por comprar una casa en Barranquilla son los elementos en los que, hasta ahora, gira el caso de Nicolás Petro, quien este domingo expresó su disposición a atender los llamados que le hagan los órganos de justicia e investigación por estas revelaciones.
Al respecto, el abogado penalista Gildardo Acosta explica que los nombres que salieron a relucir en estos chats, y que hayan podido incurrir en algún delito, tienen distintos jueces e instancias para ser investigados y juzgados.
En ese sentido, la Fiscalía, a quien Gustavo Petro pidió investigar a su hijo, tiene la competencia para hacerlo con él y con los demás ciudadanos mencionados, menos con los que son funcionarios del Estado, como el ministro del Interior, Alfonso Prada (nombrado en los chats porque supuestamente le dio 10 cupos en esa entidad a Nicolás), y a Mauricio Lizcano (con quien se habría reunido en búsqueda de favores políticos), a quienes los investigaría la Corte Suprema de Justicia.
Entre tanto, Petro Burgos dijo en un comunicado de prensa que compartió en su cuenta de Twitter que “los dineros en cuestión no tienen procedencia ni de la mafia, ni de la corrupción, ni de ninguna actividad ilícita. Eso lo corroboraré ante la justicia, como corresponde”.
En ese sentido, la Fiscalía, en el marco de sus funciones de investigación, tendrá que revisar, analizar y encausar en una futura indagación las 1.600 páginas de conversaciones entre Vásquez y Petro Burgos, que ella entregó e hizo públicas, para probar si el diputado por el departamento del Atlántico cometió algún delito al recibir, presuntamente, dineros de exnarcotraficantes para la campaña de su papá en 2022 y darle un uso completamente distinto: invertir en una lujosa casa en Barranquilla, donde vive el hijo del primer matrimonio del presidente de la República.
Tomado E.C.
