La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra la exministra de Educación del gobierno Petro, Aurora Vergara, y contra varios integrantes del Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional, por las graves irregularidades en el proceso de elección de rector en 2024.
La decisión surge días después del contundente fallo del Consejo de Estado, que anuló el nombramiento de Leopoldo Múnera, al concluir que el CSU —alineado con el Gobierno Petro— se extralimitó en sus funciones y desconoció la legalidad del proceso que inicialmente había designado a José Ismael Peña.
Según la Procuraduría, los miembros del CSU habrían suscrito resoluciones irregulares que permitieron tumbar la elección legítima de Peña y favorecer posteriormente a Múnera, en un proceso marcado por decisiones cuestionables, falta de competencia jurídica y una abierta intervención gubernamental.
La investigación también cobija a María Alejandra Rojas Ordóñez, señalada por su rol como secretaria general ad hoc durante el proceso.
Este nuevo escándalo se suma a la larga lista de controversias institucionales que rodean al gobierno Petro, que no solo pretendió modificar un procedimiento ya concluido, sino que buscó colocar a un rector afín, pasando por encima del orden jurídico y la autonomía universitaria. El alto tribunal ya dejó claro que la autonomía no es excusa para violar la ley.
La crisis en la Universidad Nacional, una de las instituciones más importantes del país, deja en evidencia nuevamente las disputas internas y el intento del Gobierno por controlar espacios claves de la educación pública.
