Un gobierno no puede dedicarse a otorgar impunidad a los criminales más violentos mientras persigue a quienes lo cuestionan o a la oposición, porque esto mina los principios fundamentales de justicia, igualdad y democracia. Este tipo de acciones no solo debilita la confianza ciudadana en las instituciones, sino que también fomenta un clima de inseguridad y polarización que puede tener consecuencias graves para el bienestar social y político de un país.
Levantar la voz frente a estas prácticas no es solo un derecho, sino una obligación ciudadana. Callar ante la impunidad y la persecución política equivale a permitir que los valores democráticos se erosionen. Cuando los gobiernos fallan en garantizar justicia y actúan con parcialidad, los ciudadanos tienen el deber de exigir transparencia, respeto por el Estado de derecho y un compromiso genuino con los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Las democracias se fortalecen cuando hay un equilibrio de poderes y se respetan las voces disidentes, no cuando estas son silenciadas o perseguidas.
