El presidente Gustavo Petro enfrenta una nueva acusación por su reciente propuesta de inversiones forzosas, que ha generado preocupación en el panorama político y financiero colombiano. Juan Espinal, representante a la Cámara del Centro Democrático, se prepara para radicar una denuncia en la Comisión de Acusación, alegando que los pronunciamientos de Petro han provocado pánico económico en el país.
La denuncia, que será presentada el martes 20 de agosto, argumenta que Petro ha emitido declaraciones que generan incertidumbre en los mercados financieros, poniendo en riesgo la estabilidad económica de Colombia. Espinal señala que la propuesta de utilizar los ahorros de los colombianos para otorgar créditos a baja tasa de interés ha desencadenado un ambiente de desconfianza, llevando a algunos ciudadanos a retirar sus fondos del sistema bancario.
Además, la denuncia vincula la caída de las acciones de Ecopetrol, la pérdida de confianza en el sector energético y la percepción de una política económica errática con las declaraciones del mandatario. Espinal también considera que Petro ha utilizado su propuesta como un mecanismo de presión para alcanzar acuerdos con la banca, lo cual podría interpretarse como una forma de chantaje.
La reacción en el Congreso ha sido variada, pero varios partidos políticos, incluyendo el Partido Liberal, el Partido de la U y Cambio Radical, han expresado su oposición a la propuesta de inversiones forzosas, comparándola con medidas adoptadas en Venezuela bajo el gobierno de Hugo Chávez. Los mensajes contradictorios dentro del propio gobierno, con declaraciones dispares entre el presidente, el ministro del Interior, y el director de Planeación, han añadido más confusión al debate.
La Comisión de Acusación, que ha recibido múltiples denuncias contra Petro desde que asumió la presidencia, enfrentará un nuevo reto al evaluar esta acusación. Mientras tanto, el panorama político se mantiene tenso, con una oposición decidida a bloquear cualquier avance de la propuesta en el Congreso, argumentando que el gobierno de Petro busca apropiarse del ahorro privado de los colombianos para financiar sus planes, sin garantizar un uso responsable de esos recursos.
