Las diligencias se centrarán en las oficinas de los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.
Fuentes de la Corte Suprema de Justicia confirmaron que el martes 25 de febrero, un equipo de agentes judiciales inspeccionará las instalaciones del Congreso, en el centro de Bogotá, por la investigación que avanza alrededor del escándalo de corrupción de los carrotanques en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Las diligencias se centrarán en las oficinas de los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, quienes han salido salpicados por los exdirectores de la UNGRD Olmedo López y Sneyder Pinilla, con el entramado de corrupción que se habría dado en el contrato para adquirir 40 carrotanques para suministrar agua potable en La Guajira.
Los investigadores que se encargarán de la inspección deberán recoger todas las pruebas necesarias que permitan esclarecer si hubo alguna conexión desde esas oficinas con la UNGRD, visitas de funcionarios de la entidad cuestionada al Congreso de la República y cómo se habría dado la supuesta participación de los expresidentes del Legislativo.
Olmedo López ha señalado, en varias ocasiones, al exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, con una supuesta orden frente a varios altos funcionarios del Gobierno, entre ellos Luis Fernando Velasco y Guillermo Jaramillo, para comprar conciencias en el Congreso de la República a cambio de que —presuntamente— apoyaran las reformas sociales que impulsó el presidente Petro en esa época.
Con esa orden, según el exdirector de la UNGRD, se habría designado a la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, para que se encargara ser la “mensajera” a cargo de llevarle 3.000 millones de pesos en efectivo al senador del Partido Alianza Verde, Iván Name, en el norte de Bogotá.
Por su parte, López habría quedado a cargo de la entrega a Andrés Calle, pero designó a su exsubdirector, Sneyder Pinilla, para que viajara hasta Montería y —al parecer— le entregara 1.000 millones de pesos en efectivo al representante del Partido Liberal. Pinilla ha contado que ese dinero lo movió desde Bogotá hacia la capital de Córdoba por medio de criptomonedas.
La Fiscalía ha calificado como una “empresa criminal” el entramado de corrupción que se desató al interior de la UNGRD y que ya ha dejado llamados a juicio de los exdirectores de la entidad, quienes se convirtieron en testigos claves del escándalo, y a Luis Felipe López Rosero, el contratista para comprar los carrotanques en La Guajira.
