El 17 de septiembre de 2014, el entonces senador Álvaro Uribe, tras responder en el Congreso a los señalamientos de Iván Cepeda, se dirigió al Palacio de Justicia para ampliar una denuncia contra el congresista, quien había recorrido cárceles de Colombia y Estados Unidos buscando, de manera infructuosa, testimonios de paramilitares que inculparan a Uribe. Esa fue la génesis del juicio que este lunes se resolverá con la decisión de si el expresidente es inocente o culpable.
De acuerdo con la ampliación de la denuncia, Cepeda realizó 21 visitas a estos centros penitenciarios, amparado en su condición de integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso. “Utilizó su investidura de congresista para recolectar testimonios contra mí, ofreciendo beneficios jurídicos a condenados por paramilitarismo a cambio de involucrarme falsamente en hechos criminales”, se lee en la denuncia, que hoy no se puede perder de vista.
Según Uribe, Cepeda habría hecho ofrecimientos económicos y de asilos políticos a cambio de sus declaraciones. Entre ellos estaban Pablo Hernán Sierra, alias Pipintá, exjefe del bloque Cacique Pipintá de las Autodefensas Unidas de Colombia, y Juan Guillermo Monsalve, alias Guacharaco, condenado a 44 años de prisión por secuestro extorsivo. La credibilidad de los testigos ha sido cuestionada.
Pese a esto, en 2018, la Corte Suprema de Justicia les dio plena credibilidad cuando se abstuvo de abrir la investigación contra Iván Cepeda y, por el contrario, pidió investigar al expresidente Uribe.
El exmandatario fue detenido, renunció a su cargo de senador por falta de garantías en la Corte Suprema, que juzga a los congresistas, y para estar al frente de su defensa. En dos ocasiones, la Fiscalía solicitó la preclusión del proceso que fue negada. En la tercera ocasión, bajo la administración de Luz Adriana Camargo, se tomó la decisión de llamar a juicio al expresidente por los delitos de soborno en actuación penal, soborno a testigos y fraude procesal, todos como determinador.
Aquí se pone de presente los principales ejes temáticos sobre los cuales tendrá relación lo que decida la jueza 44 penal del Circuito con Función de Conocimiento, Sandra Liliana Heredia Aranda, en el proceso penal contra el expresidente Uribe.
Allí deberá determinar cuál de las dos teorías presentadas durante el juicio tiene mayor soporte jurídico: si Uribe actuó como determinador de delitos, o si fue víctima de un “entrampamiento”.
Determinador o víctima
La Fiscalía sostiene que el expresidente Uribe dio instrucciones precisas y directas al abogado Diego Cadena para que presionara a testigos con el fin de que cambiaran su versión y se retractaran.
Por su parte, la defensa de Uribe sostiene que todo se trató de un “entrampamiento” motivado por la enemistad política con Iván Cepeda. En ese supuesto complot habrían participado exparamilitares, exguerrilleros y exnarcotraficantes afectados por las decisiones adoptadas durante los dos mandatos de Uribe.
Para tomar una decisión de fondo en el denominado juicio del siglo, la jueza deberá evaluar la veracidad de lo dicho por 93 testigos y peritos (38 presentados por la Fiscalía y 55 por la defensa) que declararon a lo largo de 67 sesiones judiciales.
Iván Cepeda, senador de la República. | Foto: Anadolu via AFP
El reloj espía
Una de las pruebas más polémicas tiene relación con dos relojes espía que fueron ingresados a la cárcel La Picota en febrero de 2018 para que Monsalve grabara las supuestas presiones que estaba recibiendo tanto del abogado Diego Cadena como de Enrique Pardo Hasche, uno de sus compañeros de patio y quien cumplía una condena por secuestro.
Un informe del CTI indica que los relojes tenían magulladuras y daños que impidieron un análisis exhaustivo. Otro peritaje, presentado por la defensa de Uribe, aseguró que hubo manipulación de la información, constatada por un corte abrupto en la conversación entre Monsalve y Cadena. “Se perdieron siete minutos y 30 segundos”, advirtió el abogado Jaime Granados en sus alegatos.
El perito Daniel Ríos Sarmiento, experto en informática forense, concluyó que hubo una vulneración constante a la cadena de custodia, lo que permitió su alteración. “No se cuenta con un registro de cadena de custodia en reverso que especifique la continuidad de los elementos materiales probatorios”, explicó.
El informe del ingeniero Andrés Gonzalo Vargas, experto en fonética judicial y lingüística forense, advirtió inconsistencias técnicas en el video REC_0004.AVI, entregado por Deyanira Gómez, expareja de Monsalve, a la Corte Suprema. Entre ellas, desincronización de audio y video, cambios abruptos de amplitud sonora y aparición de imágenes incoherentes.
La defensa de Uribe había advertido que los relojes fueron manipulados y argumentaron que estuvieron durante meses en poder de los abogados Reinaldo Villalba y Miguel Ángel del Río, quienes solo los entregaron en septiembre de 2024, en audiencias preparatorias de juicio.
Interceptaciones “por error”
Otro tema complejo sobre el cual deberá referirse la jueza tiene que ver con las interceptaciones que ordenó el magistrado José Luis Barceló, en 2018, a una línea telefónica que resultó siendo la del entonces senador Uribe, y no la del representante a la Cámara Nilton Córdoba Manyoma, como advertía la orden judicial.
Pese a que los investigadores identificaron desde el primer minuto esta irregularidad, la línea de Uribe siguió intervenida durante varios días, registrando las conversaciones que sostuvo con miembros de su familia, integrantes de su partido, allegados y con el abogado Diego Cadena.
La defensa del expresidente pidió que se declararan ilegales estas interceptaciones por haber sido realizadas sin una orden judicial y por vulnerar el secreto profesional que existe entre abogado-cliente y que está protegido tanto por la Constitución como por tratados internacionales.
Frente a este segundo punto, el expresidente Uribe enfatizó que Diego Cadena nunca “actuó bajo la sombra”, puesto que siempre se presentó como su defensor, mostrando el poder que se le había otorgado para verificar la información que le había llegado sobre un grupo de exparamilitares que quería retractarse.
En las horas de grabación, que fueron puestas de presente durante cuatro sesiones por un agente del CTI, el expresidente siempre le manifiesta a Cadena “que busque la verdad” en los testimonios que va a recolectar en las cárceles: “Que digan lo que quieran, pero que sea la verdad. Y eso se le envía a la Corte Suprema”.
El expresidente, en otra comunicación, le señaló al abogado Cadena que tenía información sobre el interés de Juan Guillermo Monsalve de retractarse de todo lo que había dicho en su contra porque Cepeda le había incumplido los ofrecimientos que incluían que su caso pasara a la JEP, lo que se traduciría en una posible salida de la prisión; así como asilo para su familia y beneficios económicos.
“Simplemente, a él (en referencia a Monsalve) no se le va a ofrecer nada. Sino que diga la verdad”,indicó claramente el expresidente en la comunicación. “Que quede muy claro para que no digan que estamos manipulando testigos. La información que hay es que él dice en la cárcel que dijo todo eso por unos ofrecimientos que le hizo Cepeda”, advierte el diálogo.
En sus alegatos, la defensa del exmandatario indicó que, aunque sean avaladas estas pruebas, solamente demuestran que el expresidente jamás determinó un comportamiento indebido por parte de su abogado-investigador Diego Cadena.
El monólogo de Monsalve
Está demostrado que, durante meses, Monsalve sostuvo conversaciones por aplicación de mensajería instantánea con el senador Iván Cepeda. En estas, Monsalve le ponía de presente sus preocupaciones por un traslado de cárcel y le alertaba sobre las amenazas.
¿Qué respondió Cepeda? Nadie lo sabe, en los elementos probatorios allegados solamente registraron las manifestaciones del exparamilitar. Cuando Cepeda fue interrogado, solo atinó a decir que el teléfono celular con el que sostenía las charlas se le cayó y se dañó, por lo que lo entregó al Congreso.
El abogado Jaime Granados, en sus alegatos de conclusión, afirmó que parecía un monólogo de Monsalve. El hecho de la pérdida del celular, además de insólito, deja en evidencia los vacíos en la recopilación de las pruebas técnicas que fueron usadas por la Fiscalía.
Cepeda, primer testigo en este juicio, aseveró que tenía una gran preocupación por la situación de seguridad de Monsalve, temiendo que lo fueran a asesinar.
No obstante, exparamilitares y exguerrilleros dieron una versión diferente. Afirmaron que Monsalve se ufanaba al decir que su “padrino”, en referencia a Cepeda, lo protegía, por lo que no iba a permitir su traslado. Esto pese a sus escándalos, que incluyeron borracheras, fiestas y una golpiza en un partido de fútbol al exsecretario de Salud de Bogotá, Héctor Zambrano.
Tres exparas contra Cepeda
En el fallo de agosto de 2020, que resolvió la situación jurídica de Uribe, la Corte Suprema compulsó copias para que se investigara por falso testimonio a los exparamilitares Máximo Cuesta, alias Sinaí; Elmo José Mármol Torregrosa, el Poli; Giovanny Alberto Cadavid, Cadavid; quienes estaban privados de su libertad en la cárcel de Cómbita, en Boyacá.
En el juicio, pese a ser testigos citados por la Fiscalía, los exparamilitares ratificaron las presiones que recibieron por parte de Cepeda y de la abogada Mercedes Arroyave para que declararan contra el expresidente Uribe y lo vincularan con la conformación del Bloque Metro de la AUC.
Los tres exparamilitares coincidieron en afirmar que en 2012 fueron citados a una reunión para hablar de unas fosas comunes. Sin embargo, en la reunión convocada en la oficina principal de la cárcel, la abogada Arroyave, a quien conocían de vieja data, les hizo ofrecimientos de rebaja de pena y hasta asilos territoriales.
“En esa reunión se metió el tema del señor Uribe (…) Nos ofrecieron beneficios económicos para hablar de Uribe y dijimos que no teníamos conocimiento de nada, ningún vínculo con él”, recordó alias Cadavid, pese a las presiones de la abogada que los había representado en varios procesos penales.
Óscar Monsalve Pineda, padre de Juan Guillermo Monsalve, han desmentido la versión del testigo. | Foto: juan carlos sierra
Por su parte, Mármol Torregrosa señaló a Cepeda de ofrecerle beneficios si declaraba contra el expresidente. “Yo a ese señor ni lo conozco”, recuerda que respondió en aquella reunión.
Alias Sinaí fue más allá y aseguró que ese encuentro fue promovido por Monsalve, quien, como todos sabían, tenía cercanía con el senador Cepeda y con la abogada Arroyave. En un corto encuentro en uno de los pasillos de la cárcel, antes de ir a la reunión, el exparamilitar aseguró que recibió un mensaje de Monsalve para que declarara contra Uribe: “Nos dijo que él iba hasta el final con ese señor. Desconozco el motivo por el cual se empecinó”.
Esta situación fue puesta de presente a la Corte Suprema en 2020, en el recurso que pedía revisar la medida de aseguramiento contra el expresidente. Sin embargo, para el alto tribunal esta misiva no había sido escrita de manera libre y voluntaria por los tres exparamilitares, por lo que le pidió a la Fiscalía investigarlos.
En el juicio, la abogada Ángela Milena López aseguró que, debido a que los exparamilitares no contaban con educación básica y tenían dificultades para escribir, ella redactó las misivas, dejando claro que anotó lo que le dictaban los exparas.
En el juicio se pidió el testimonio de la abogada Arroyave, pero no apareció y la defensa de Uribe desistió de esta prueba.
El testigo que tiene precio
La declaración de Carlos Enrique Vélez Ramírez, alias Víctor, ha generado una discusión jurídica por los cambios e incongruencias sobre la manera en como supuestamente recibió las presiones de Cadena.
El exparamilitar Darley Guzmán, conocido como Jopra, no dudó en calificar a Vélez como un “mitómano” que siempre le ponía precio a su declaración. Recuerda que por estos hechos tuvo problemas en las filas de los paramilitares porque siempre quería “enredar a todo el mundo”. No era más que un testigo que tenía precio
“Él estaba en Palmira y me mandó una carta. Ahí dijo: vamos a que les saquemos una plata a estos HP. Y ahí va el abogado de su papá (…) Según él, dice que mi papá es Uribe. No sé” (sic), detalló el exparamilitar en su declaración.
Víctor, según reconoció, recibió dinero del abogado Juan José Salazar, quien laboraba en la oficina de Diego Cadena. El monto y los hechos que motivaron dicha entrega han cambiado drástica y considerablemente.
Pese a que entre 2012 y 2014 redactó varias cartas desde la prisión, dirigidas a autoridades judiciales en las que afirmaba que él y varios de sus compañeros en Palmira y Cómbita habían sido presionados o manipulados por el senador Cepeda para que declararan contra Uribe, en 2018, ante la Corte Suprema se echó para atrás y afirmó que los ofrecimientos provenían de Diego Cadena.
Sobre el monto del dinero que recibió, también ha cambiado su versión. Primero dijo que Cadena le puso sobre la mesa 200 millones de pesos, de los que recibió tan solo 30 millones. En 2020, reconoció que se había inventado gran parte de su historia.
“Yo le mentí a la Corte Suprema. Yo inventé eso, que a mí me habían buscado”, indicó. Ya para esa oportunidad, ni Cepeda ni Cadena le pidieron cambiar de versión, sino que había sido una iniciativa propia para rebajar su condena o lograr beneficios en la JEP.
La versión de alias Víctor tuvo otro giro radicalcuando el abogado Cadena reconoció que sí le había dado un dinero como “ayuda humanitaria” debido a que el exparamilitar lo había contactado angustiado porque tenía un hijo menor de edad en el hospital y no contaba con los recursos para comprar medicamentos o ayudarlo.
El expresidente, tras enterarse de la entrega del dinero, tal como quedó registrado en las interceptaciones, lo reprochó y aseguró que de haberle consultado no le habría autorizado esa entrega.
La jueza entrará a verificar si alias Víctor es un testigo esencial del supuesto plan de Uribe para comprar testigos o, por el contrario, es un mentiroso.
Además, deberá decidir si pide investigar por falso testimonio a alias Víctor, quien reconoció durante su declaración que había mentido en muchas oportunidades y escenarios judiciales con el fin de conseguir beneficios.
El Tuso Sierra, exparamilitar. | Foto: Captura de video
El testimonio del Tuso
¿Por qué la Corte Suprema nunca recolectó la declaración del Tuso Sierra? Este interrogante quedó durante el juicio contra el expresidente Uribe. Y es que el exnarcotraficante y exparamilitar declaró dos veces, lo que demuestra la importancia de su testimonio.
El Tuso, quien ya no tiene deudas con la Justicia, dejó muy en claro que en 2011, cuando estaba en una cárcel de Estados Unidos, fue visitado por una comisión del Senado que supuestamente quería verificar la situación de los excomandantes paramilitares extraditados durante el Gobierno Uribe.
En esa comisión se encontraban Piedad Córdoba, Rodrigo Lara Restrepo e Iván Cepeda. En la reunión, en medio de las preguntas de rigor, la senadora liberal le puso de presente la posibilidad de un asilo territorial para la familia del Tuso, que estaba en Antioquia y con la que no tenía comunicación por el aislamiento.
Sin embargo, cuando les aseguró que jamás había tenido nexos con Álvaro Uribe y solamente una vez había coincidido en un evento público con Santiago Uribe, los ofrecimientos de asilo no se volvieron a mencionar.
Por su parte, al recordar dicho encuentro, el excongresista Rodrigo Lara Restrepo reseñó el reproche que le hizo a Piedad Córdoba por un documento que iban a presentar ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) citando las declaraciones del exparamilitar Salvatore Mancuso Gómez y de Juan Carlos Sierra.
Esto al ver que se había anexado una frase que nunca se había dicho: “Cuando yo vi que mencionaban a los hijos Tomás y Jerónimo Uribe, yo le dije a Piedad Córdoba que eso era una total inexactitud, que era falso, y que yo no iba a firmar ese documento”, precisó Lara Restrepo.
Igualmente, Lara le hizo un llamado de atención a Iván Cepeda por haber hecho públicas las declaraciones que habían hecho varios excomandantes paramilitares en las cárceles, pues claramente se ponía en riesgo la seguridad e integridad de estos exparamilitares y se afectaba su colaboración con las autoridades judiciales colombianas.
RS
