El Estado tendría responsabilidad en el asesinato de Miguel Uribe Turbay, exprecandidato a la presidencia por el Centro Democrático. Desde que ocurrió el crimen, se ha planteado que él no contaba con la suficiente protección y, aunque el Gobierno se ha empeñado en negarlo, hay un documento que sería la prueba reina y dejaría una conclusión: Uribe Turbay sí reclamó más seguridad, pero le fue negada, y todo terminó en una tragedia.
SEMANA tiene en su poder un documento inédito que evidencia el reclamo de Uribe Turbay para que reforzaran su seguridad y la de su familia, algo que nunca ocurrió. Además, hay jurisprudencia que genera dudas sobre el papel desempeñado por la UNP, en este caso por su director, Augusto Rodríguez.
El 30 de abril de 2024, Uribe Turbay se reunió en el norte de Bogotá con un subintendente de la Policía, responsable de los estudios de seguridad y protección, adscrito a la Dirección de Protección y Servicios Especiales (Dipro). Pese a contar en detalle los riesgos que lo rodeaban, no se tomó ninguna decisión.
Entre los argumentos estaban amenazas, su condición de ser hijo de Diana Turbay –secuestrada y asesinada por orden de Pablo Escobar–, que era un senador de la oposición, y hasta señaló directamente a las Farc, al ELN, al Clan del Golfo y al M-19 de querer matarlo.
En ese momento, Uribe Turbay hizo una advertencia que resultó premonitoria.
Dijo que era muy crítico de la paz total del presidente Gustavo Petro y eso le generaba un alto riesgo. Tal como reveló SEMANA, fue la Segunda Marquetalia, organización criminal a la que Petro le tendió la mano de la paz total, la que ordenó su asesinato.
“Ha realizado fuertes pronunciamientos frente a temas de relevancia para nuestro país; la ley de paz total, acuerdos de paz con las Farc, ELN y demás grupos armados ilegales, presentados por el Gobierno, en cabeza del presidente Gustavo Petro Urrego”, se lee en el documento de recolección de información para estudio de nivel de riesgo, con logo de la Policía.
Uribe Turbay sabía que estaba en la mira de los criminales y así lo advirtió. Desde el primer momento hizo énfasis en que era un senador del Centro Democrático, partido opositor al presidente Petro, y señaló que desde el mismo Gobierno lo estaban atacando e instigando.
El entonces congresista se lo informó a la Policía y así fue registrado: “Habiendo acudido a entes internacionales a fin de llevar a cabo una contraofensiva diplomática contra el Gobierno de Gustavo Petro, al que frecuentemente cuestiona; exponiendo que es víctima de hostigamiento por parte de miembros del Pacto Histórico y personas del Gobierno”.
Por la presidencia
Uribe Turbay lanzó una alerta que debió ser escuchada y quedó consignada en el documento: se acababa de lanzar como precandidato a la presidencia por el Centro Democrático y requería la protección que no se le estaba dando.
“Expresa que en la convención virtual del partido Centro Democrático, de fecha 6 de febrero de 2024, anunció su precandidatura, lo que implica que estará en diferentes regiones del país, recalcando que cuando sale de Bogotá, no cuenta con esquema de seguridad permanente, generando que se encuentre en un inminente riesgo”, señala el documento.
Por la presidencia
Uribe Turbay lanzó una alerta que debió ser escuchada y quedó consignada en el documento: se acababa de lanzar como precandidato a la presidencia por el Centro Democrático y requería la protección que no se le estaba dando.
“Expresa que en la convención virtual del partido Centro Democrático, de fecha 6 de febrero de 2024, anunció su precandidatura, lo que implica que estará en diferentes regiones del país, recalcando que cuando sale de Bogotá, no cuenta con esquema de seguridad permanente, generando que se encuentre en un inminente riesgo”, señala el documento.
En su condición de político de oposición, reiteró que “al ser una figura pública de oposición necesita que el Gobierno lo proteja, ya que quienes hoy gobiernan, cuando eran oposición, contaban con todas las medidas de protección excepcionales en el territorio colombiano”.
Sin embargo, los argumentos que dio Uribe Turbay para el reforzamiento de su esquema no fueron escuchados. Por ejemplo, la forma como su familia ha sido víctima directa de la violencia, advirtiendo que su mamá fue asesinada por Los Extraditables.
“Menciona ser víctima del conflicto armado, por hechos de afectación que fueron de conocimiento e indignación; se refiere al secuestro de su madre por el grupo de Los Extraditables, el 30 de agosto de 1990, quien fue asesinada el 25 de enero de 1991, tras una operación de rescate”, se lee en la recolección de información para el estudio de nivel de riesgo.
La solicitud se resumía en cuatro puntos: ampliación del esquema y que este fuera extensivo a su familia, medidas de seguridad para su vivienda, contar con personal para desplazamientos fuera de Bogotá y coordinación del Estado para mantener su esquema de seguridad.
No era otro el motivo de esta entrevista con el subintendente de la Policía, pues advirtió que con la protección que contaba su vida corría riesgo, como se comprobó lamentablemente con el atentado del 7 de junio de 2025, en el parque El Golfito, del barrio Modelia, en Bogotá.
¿Omisión?
Apenas unos meses después de esta solicitud de protección, la UNP expidió la resolución DRGP 011827, del 14 de noviembre de 2024, con la firma del director de la entidad, Augusto Rodríguez. Se ratificó el riesgo extraordinario para Miguel Uribe Turbay y se le sostuvo el esquema de seguridad, es decir, dos carros y tres miembros de la Unidad Nacional de Protección.
A pie juntillas, agrega la resolución, que este esquema y las medidas de protección “serán extensivas al núcleo familiar”. Es decir, para protegerlo a él, a su esposa, María Claudia Tarazona, a sus tres hijastras y a su pequeño hijo.
Aunque parece insuficiente, desde la UNP consideran que no es así. Pero hay factores que no fueron tenidos en cuenta. Uribe Turbay no era un miembro menor del Centro Democrático; era el precandidato con mayor probabilidad de quedarse con las banderas del partido, el senador más votado de la colectividad y un radical opositor al Gobierno Petro.
La Sentencia T-432 de 2024 de la Corte Constitucional advierte que, al momento de establecer el esquema para una persona protegida, es necesario tener especial cuidado con quienes ostentan la calidad de opositores al Gobierno.
Pero hay más. Uribe Turbay pidió reiteradamente apoyo para su esquema de protección al salir de Bogotá e insistió en ello al momento de decidir aspirar a la presidencia de la república, pero nada cambió.
Sin embargo, hay un precedente similar, aunque de orillas ideológicas contrarias. En octubre de 2021, con argumentos parecidos, como ser congresista de oposición en ese momento del Gobierno de Iván Duque, y que su papá, Carlos Pizarro, también fue asesinado, María José Pizarro consiguió mediante tutela el reforzamiento de su esquema de seguridad cuando saliera de Bogotá. Este hecho no fue tenido en cuenta por la UNP al revisar el caso de Uribe Turbay.
El 25 de marzo del año pasado, Uribe Turbay envió uno de tantos oficios a la UNP en el que advirtió este precedente y reclamó que la UNP le brindara las mismas condiciones. Se refería a protección para visitas a Medellín y a Bucaramanga.
“Me permito informar sobre los desplazamientos que se realizarán en cumplimiento de mis funciones como senador, solicitando que (…) en concordancia con el precedente establecido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en expediente de tutela n.º 2021-000044-02, se brinde el apoyo de la UNP en la asignación de un vehículo y un hombre de protección que garanticen mi seguridad”, sostuvo Uribe Turbay. Ahí planteó la tutela que sí protegió a Pizarro.El entonces congresista, como lo hacía en cada solicitud, manifestó que “la protección de las personas a quienes se les determina un riesgo extraordinario de seguridad no puede quedar al arbitraje de las interpretaciones efectuadas por la UNP en temas de administración”.
Resulta llamativo que en correos previos, en los que no usó esta tutela como argumento, la respuesta de la UNP fue idéntica. Cinco párrafos con justificaciones que rechazaban la solicitud. Todos fueron firmados por Ángela Bibiana Hernández, de la Coordinación Grupo de Personas de Protección UNP.
En ninguna de las respuestas dadas a partir de marzo de 2025 se abordó el argumento de la tutela. “La UNP presentó propuesta económica de servicios en la que se ofreció al Senado la posibilidad de pactar dentro del mentado acto jurídico servicios de apoyo y/o adicionales, tales como los viáticos y tiquetes para los desplazamientos de los hombres que conforman su esquema de protección; fue la corporación legislativa la que, de acuerdo con sus necesidades y presupuesto disponible, decidió no contemplarlos”, fue la respuesta que recibió.
Rodríguez se defiende
En el documento conocido por SEMANA, que hasta ahora sale a la luz, es evidente la responsabilidad del Estado en este caso. Esta trascendental solicitud nunca fue evaluada por la UNP, según la defensa de Uribe Turbay.
Así las cosas, el esquema de seguridad, aprobado y firmado por el director Rodríguez, no tuvo la información de la necesidad de Uribe Turbay.
SEMANA se comunicó con Rodríguez para preguntarle por las presuntas falencias que rodearon la muerte de Uribe Turbay. Según su versión, hubo responsabilidad del senador del Centro Democrático.
Sobre el documento que revela este medio, Rodríguez señaló: “Quiero que quede claro que es una diligencia de entrevista a una evaluación de riesgo. Le quiero dar la buena noticia de que es la Policía la que actualmente hace los estudios, no como han dicho que es la UNP. La Policía es la que evalúa el nivel de riesgo y recomienda las medidas de protección”.
Rodríguez dejó la responsabilidad en la Dipro de la Policía, pero fue él quien firmó la resolución con la que se mantuvo el esquema a Miguel Uribe Turbay, que resultó insuficiente. “Nos oficiaron, la Policía no acostumbraba a entregarnos información”, argumentó Rodríguez.
Frente a la resolución con la que se ratificó el esquema de dos vehículos blindados y tres personas de protección, calificándolo como riesgo extraordinario, Rodríguez explicó que la categoría se da de acuerdo con un puntaje y que el esquema de seguridad de Uribe Turbay era suficiente según los protocolos.
Se le preguntó si eran suficientes tres hombres para cuidar a Uribe Turbay siendo candidato a la presidencia y al núcleo familiar compuesto por siete personas. Nuevamente, acudió al protocolo.
“Con riesgo extraordinario se les da vehículo blindado y demás; es más o menos eso. Él no tuvo el riesgo máximo, eso lo determina la Policía”, insistió Rodríguez, quien agregó que cuatro policías eran suficientes.
Advirtió que fue Uribe Turbay quien le dio un mal manejo a su esquema: “Cometió errores gravísimos, mortales, en el tema del manejo de su esquema de protección; nunca debió dividirlo. Le dio la mitad del esquema a su esposa. El día del atentado, parte del esquema estaba en un club importante”.
Incluso justificó el pobre equipo de protección en el hecho de que Uribe Turbay no era candidato oficial. “Voy a hacer una corrección y quiero que quede clara. El señor no era candidato, porque las candidaturas se entienden desde el momento en que la persona se inscribe en la Registraduría, con un aval de un partido”. Rodríguez reiteró que el esquema asignado, avalado con su firma, era suficiente: “No se trata de que, si tengo diez miembros de mi familia, deba contar con diez carros. El esquema no se divide. ¿De qué se trata? De que, con sus dos vehículos, podía recoger a su familia. Así funciona”.
Y agregó: “La respuesta se la doy con una sola frase: si se aplican los protocolos y la autoprotección es más que suficiente, porque hay una prioridad que es el protegido (…) Yo lo único que hice fue firmar la resolución”.
Sobre la Sentencia T 432-24, que plantea especial protección para congresistas de la oposición, argumentó: “Yo no la he leído detenidamente. Pero si la sentencia evalúa que hay que darle más protección a la oposición, eso debe hacerlo la persona que está haciendo la evaluación”.
Al preguntarle por la tutela que favoreció a María José Pizarro y con la cual Uribe Turbay reclamaba acompañamiento en los viajes, sin importar los costos, fue evidente que la desconocía.
“Yo no sé a cuáles costos se refiere usted, pero me parece que de pronto el director de la UNP en ese momento actuó bien. A mí también muchas veces me toca hacer cosas que sé que no se deben hacer, pero lo manda un juez de tutela”, señaló Rodríguez.
El director de la UNP iba a ser imputado por la Fiscalía por omisión en este proceso y así fue anunciado el 19 de enero del año pasado. Sin embargo, luego, para evitar nulidades, se retiró la imputación con el argumento de que la fiscal que llevaba el caso no era la competente por ser de la Unidad de Administración Pública de Bogotá y la investigación la lleva el Grupo de Tareas Especiales.
Los cuestionamientos se mantienen. Miguel Uribe Turbay, como queda claro en el documento que revela SEMANA, sí levantó la mano y pidió que su seguridad fuera reforzada, pero lamentablemente no ocurrió.
