El año 2025 se perfila como decisivo para las investigaciones sobre la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Tanto el Consejo Nacional Electoral (CNE) como la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes serán escenarios clave en este proceso, que pone en jaque al mandatario y a varios de sus colaboradores más cercanos.
El proceso en el CNE: entre avances y maniobras dilatorias
En el CNE, la investigación avanza con rapidez, al menos en términos formales. La sala plena dejó en firme el pliego de cargos contra Petro y los directivos de su campaña por supuestamente haber superado los topes electorales en ambas vueltas presidenciales, con un exceso estimado en más de 5.300 millones de pesos. Sin embargo, el tiempo parece estar a favor del presidente, ya que el proceso podría caducar entre junio y agosto de 2025.
Mientras tanto, los investigados, liderados por el presidente de Ecopetrol y exgerente de campaña, Ricardo Roa, buscan dilatar el proceso mediante la presentación de nulidades, pruebas adicionales y otros recursos legales. Estos movimientos podrían extender la etapa probatoria hasta mayo de 2025, dejando un estrecho margen para que el CNE tome una decisión antes de que expire el plazo legal.
Entre las pruebas más polémicas que ha solicitado Roa destacan las relacionadas con vuelos realizados en una aeronave presuntamente donada por la firma de criptomonedas Daily Cop, acusada de estafar a cientos de colombianos. También están bajo escrutinio aportes no reportados del Polo Democrático y el sindicato de trabajadores petroleros (USO), así como pagos a medios de comunicación que no fueron registrados ante las autoridades electorales.
Además, la renuncia del magistrado César Lorduy y el inminente proceso para designar a su reemplazo en el CNE podrían alterar la balanza de poder en este organismo. El petrismo intentará hacerse con ese escaño, generando una intensa disputa en el Congreso que promete ser crucial para el desenlace del caso.
La Comisión de Acusación: ¿tardanza estratégica o bloqueo institucional?
Por otro lado, el proceso en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara avanza con notable lentitud. Aunque el CNE ya elevó pliego de cargos, los congresistas encargados del caso —Alirio Uribe, Gloria Arizabaleta y Wilmer Carrillo— han adoptado una postura cautelosa, decretando pruebas sin llegar a una decisión formal.
El vínculo político de Uribe y Arizabaleta con el presidente complica aún más la situación. Abrir una investigación formal podría ser visto como una traición a Petro, mientras que no hacerlo podría exponerlos a acusaciones de prevaricato. En cualquier caso, la presión de otros congresistas y las demandas en la Corte Suprema exigiendo avances en el proceso podrían obligarles a actuar en 2025.
¿Un desenlace similar al de Ernesto Samper?
El caso de Petro recuerda inevitablemente el escándalo del proceso 8.000 que marcó el gobierno de Ernesto Samper. Aunque el expresidente salió librado políticamente gracias al respaldo del Congreso, el costo reputacional fue altísimo y dejó un precedente de impunidad frente a irregularidades en la financiación de campañas.
En este caso, si bien Petro podría evitar una sanción directa, sus colaboradores, como Ricardo Roa, enfrentan un panorama más complicado. La justicia penal podría intervenir, siguiendo el precedente de Roberto Prieto, exgerente de la campaña de Juan Manuel Santos, quien fue condenado por falsificar informes de ingresos y gastos ante el CNE.
El futuro de la investigación
El reloj juega un papel crucial en ambos frentes. Mientras el CNE corre contra el tiempo para tomar una decisión antes de la caducidad del caso, la Comisión de Acusación podría posponer sus conclusiones hasta 2026, cuando el ambiente político estará marcado por las elecciones presidenciales y parlamentarias.
En cualquier escenario, el manejo de estas investigaciones definirá no solo el futuro político de Petro, sino también la percepción de la transparencia en el sistema electoral colombiano.
