En un movimiento audaz, el Gobierno liderado por el presidente Petro está preparando una reforma integral destinada a redefinir el panorama de los servicios públicos en Colombia. Según información obtenida por SEMANA, esta iniciativa busca poner en cintura a las empresas privadas que prestan servicios esenciales, tales como agua, energía y gas.
La propuesta clave dentro de esta reforma es la instauración de un «mínimo vital» para los usuarios de servicios públicos. Esto implica que todas las empresas deberán garantizar un nivel mínimo de suministro a todos los hogares colombianos, independientemente de su capacidad económica. El objetivo principal es asegurar que ningún ciudadano quede desamparado frente a cortes o deficiencias en los servicios básicos necesarios para la vida diaria.
Además, la reforma contempla medidas más estrictas de control y supervisión sobre las empresas prestadoras, con el fin de evitar abusos en tarifas y asegurar que los recursos destinados a mejorar la infraestructura sean utilizados de manera eficiente y transparente.
El presidente Petro ha señalado que esta reforma es crucial para garantizar el acceso equitativo y justo a los servicios esenciales, al tiempo que se busca poner fin a décadas de prácticas que han dejado a muchos colombianos en condiciones precarias de acceso a agua, energía y gas.
Este anuncio ha generado un intenso debate tanto en el ámbito político como empresarial, donde algunos sectores expresan preocupaciones sobre el impacto económico y la viabilidad técnica de implementar un mínimo vital obligatorio.
Se espera que en las próximas semanas se presenten los detalles completos de esta reforma ante el Congreso, donde se anticipa un intenso escrutinio y negociaciones para llegar a un consenso sobre un tema de tanta relevancia nacional.
