He advertido durante más de seis meses que Gustavo Petro busca influir en las elecciones de 2026 para controlarlas a su favor, y el tiempo parece confirmar estas preocupaciones. Las señales son claras: en primer lugar, intenta reducir el presupuesto de la Registraduría Nacional; en segundo lugar, tolera la influencia de grupos al margen de la ley en el control electoral; y, finalmente, coloca a la Superintendencia en un rol que actúa como «policía política», supervisando y controlando las bases de datos.
Lo que antes lo benefició, ahora se convierte en su blanco: Petro dirige su ofensiva contra la misma Registraduría que respaldó su elección como Representante, Alcalde, Senador y Presidente, mostrando sus intenciones ahora que no le es funcional.
