El pronunciamiento del presidente se produjo luego de que la Corte Suprema formalizara el proceso contra el congresista por hechos denunciados que se remontan a 2016
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal contra el senador del Centro Democrático Alirio Barrera Rodríguez por el delito de acto sexual violento, en relación con hechos denunciados que habrían ocurrido en 2016, cuando el hoy congresista se desempeñaba como gobernador del departamento de Casanare.
La decisión se adoptó el viernes 10 de abril durante una sesión ordinaria del alto tribunal. Según se conoció, el proceso quedó en el despacho del magistrado Marco Antonio Rueda, designado como ponente, quien adelantará las actuaciones correspondientes dentro de la investigación.
De acuerdo con la Sala de Instrucción, “la denunciante señaló que buscó al entonces mandatario departamental para buscar su apoyo para un evento de juventudes cristianas y fue recibida en su despacho en donde se registró la agresión”, versión que hace parte del material inicial evaluado por la Corte Suprema en esta etapa del proceso.
Tras conocerse la apertura de la investigación, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta en la red social X, donde hizo referencia directa al senador y a su actuación política.
“Un senador del Centro Democrático presunto violador sexual, bajo de cultura, ocupador ilegítimo de tierras baldías y opositor a este gobierno”, escribió el mandatario en su publicación.
En el mismo mensaje, el jefe de Estado añadió dos preguntas dirigidas a la opinión pública: “¿Cuántas reformas en favor del pueblo ayudó a tumbar el senador Alirio Barrera? ¿Porqué existe gente a la que le gusta votar por sus verdugos?”.
Detalles de la denuncia conocida
Los hechos que dieron origen a la investigación fueron revelados semanas atrás por la presunta víctima en entrevista con la revista Cambio, medio al que relató lo ocurrido durante el encuentro con el entonces gobernador de Casanare.
Según su testimonio, la reunión se habría llevado a cabo en el despacho oficial, donde acudió para solicitar apoyo a un evento relacionado con juventudes cristianas. En ese contexto, la mujer describió el presunto episodio. “Él no dijo nada y me agarró de la mano, muy duro, y luego de la otra. Me acercó hacia él y me besó a la fuerza. Yo no podía gritar, solo hacer el sonido de que no quería eso. De repente me soltó y se alejó”, afirmó la denunciante.
De acuerdo con su relato, después del hecho, la conversación continuó en torno al motivo inicial de su visita. “Le dije que por qué me hacía eso, que si no tenía familia. Él no dijo nada, se hizo hacia el otro lado de la oficina y me dijo que ahora sí le contara que necesitaba”, señaló.
La mujer también indicó que, tras exponer el objetivo de su visita, el entonces mandatario le entregó dinero. “Yo le expliqué que iba por unas ayudas para la Iglesia; él sacó una maleta y de ahí me dio $400.000”, sostuvo en su declaración. La identidad de la denunciante se mantiene bajo reserva, conforme a los protocolos de protección establecidos para este tipo de casos.
Lo que sigue en el proceso en la Corte Suprema Con la apertura formal de la investigación, el magistrado ponente deberá adelantar la recolección de pruebas, así como la práctica de testimonios y demás diligencias necesarias para esclarecer los hechos denunciados.
En esta etapa, la Sala de Instrucción evaluará el material probatorio disponible con el fin de determinar si existen méritos suficientes para avanzar hacia una eventual imputación formal o si procede el archivo del caso. El proceso se desarrolla bajo las garantías establecidas en el fuero constitucional que cobija a los congresistas.
Fuentes del alto tribunal confirmaron a este medio que el expediente ya se encuentra en trámite dentro del despacho del magistrado Rueda, que lidera el análisis jurídico del caso.
Además de las denuncias por presunto acoso, el senador enfrenta un proceso administrativo por la presunta acumulación irregular de tierras baldías en Casanare. Según la información conocida, más de 412 hectáreas estarían bajo su control en municipios como Nunchía y Aguazul.
Las autoridades analizan si se habrían utilizado mecanismos como subdivisiones y permutas para concentrar estos predios, que originalmente estaban destinados a campesinos.
