El Tribunal Administrativo de Cundinamarca aceptó una demanda presentada por la Fundación para el Estado de Derecho contra la Presidencia de la República y la Fiduprevisora, denunciando la falta de publicación de información sobre los contratos financiados a través de los fondos de la política de paz total.
Según la fundación, desde hace varios meses no se publican documentos relacionados con la ejecución de los recursos asignados a los fondos Colombia en Paz, Multidonantes de la ONU y Programas Especiales para la Paz (Fondo Paz). Estas entidades manejan el presupuesto para las negociaciones con grupos armados y, según las acusaciones, han incumplido con el artículo 17 de la Ley 2272 de 2022.
La ley establece que todos los documentos relacionados con la contratación, desde la fase precontractual hasta la poscontractual, deben ser publicados en un plazo de diez días desde su creación. Sin embargo, la fundación afirma que estos registros no se encuentran en las plataformas oficiales como SECOP II o en las páginas web de las entidades.
Falta de publicaciones clave
En la demanda, se detalla que documentos como las convocatorias públicas, las propuestas de los oferentes, evidencias de ejecución, informes de cumplimiento, supervisión e interventoría, e incluso las actas de liquidación de contratos ya adjudicados, no han sido publicados.
Además, la Fundación para el Estado de Derecho acusa al Gobierno de expedir procedimientos contrarios a la norma para justificar estas omisiones. Por ejemplo, la Fiduprevisora, el pasado 16 de junio de 2023, estableció lineamientos que permiten omitir la publicación de actividades contractuales. Del mismo modo, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) implementó directrices que limitan la publicación de información del Fondo Especial para la Paz.
«Es crucial garantizar transparencia»
“El derecho que tiene la ciudadanía a conocer cómo se ejecuta la contratación pública es fundamental en un Estado de derecho, especialmente en un tema tan relevante como la política de paz”, declaró Andrés Caro, director de la Fundación.
Ahora, la Presidencia deberá responder ante el Tribunal sobre las razones de esta falta de transparencia, que ha generado preocupación sobre el manejo de recursos públicos en uno de los temas más sensibles para el país.
