El constitucionalista advirtió que habilitar al actual mandatario como fórmula vicepresidencial violaría de manera directa la alternancia en el poder y la Constitución de 1991.
El debate sobre la posibilidad de que el presidente Gustavo Petro aspire a la Vicepresidencia de la República en las elecciones de 2026 desató una fuerte controversia jurídica y política. La discusión tomó fuerza luego de una propuesta lanzada por Roy Barreras, quien sugirió llevar al actual jefe de Estado como fórmula vicepresidencial para dar continuidad al proyecto del oficialismo.
Frente a esta idea, el abogado constitucionalista Mauricio Gaona lanzó una dura advertencia y calificó la iniciativa como un “fraude constitucional de proporciones históricas”. Según explicó, permitir que quien ya ejerció la Presidencia pueda ocupar la Vicepresidencia contradice de forma abierta la esencia del orden constitucional colombiano.
Gaona recordó que el artículo 197 de la Constitución, modificado por el Acto Legislativo 02 de 2015, es categórico al establecer que “no podrá ser elegido Presidente de la República el ciudadano que a cualquier título hubiere ejercido la Presidencia”. Para el jurista, esta prohibición no puede interpretarse de manera aislada ni formalista.
En su análisis, el experto sostuvo que la Vicepresidencia en Colombia tiene una naturaleza “ontológica, eventual y primaria”, ya que su función esencial es reemplazar al presidente en caso de falta absoluta. Por ello, concluyó que quien está constitucionalmente inhabilitado para ser presidente también lo está para ser su relevo inmediato.
Barreras, por su parte, defendió su planteamiento asegurando que la Constitución no prohíbe de forma expresa que un expresidente aspire a la Vicepresidencia. Sin embargo, Gaona fue enfático en señalar que esa lectura desconoce el principio de alternancia en el poder, el cual no es una concesión política sino una garantía democrática.
“O la política está al servicio de la Constitución, o la Constitución está al servicio de la política. En el primer caso hay democracia; en el segundo, dictadura constitucional”, advirtió el constitucionalista, al señalar que cualquier intento de mantener al actual mandatario en el poder, aunque sea de forma indirecta, debería ser evaluado por el CNE y las Altas Cortes como un hecho de enorme gravedad institucional.
