La falta de transparencia en las estadísticas de violencia en Colombia está alcanzando niveles alarmantes, y uno de los principales responsables de esta crisis es el Ejército de Liberación Nacional (ELN). El grupo armado ha intensificado su campaña de intimidación contra organizaciones sociales y expertos en análisis del conflicto, buscando alterar las cifras de sus crímenes y silenciar las voces que denuncian sus violaciones al cese al fuego.
María Victoria Llorente, directora ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz, ha alertado sobre las crecientes dificultades para acceder a ciertas regiones del país, donde el riesgo para informantes y líderes comunitarios se ha incrementado. «Los grupos armados están interesados en que no toda la información humanitaria salga a la luz», señaló Llorente, quien destacó que esta situación también ha sido señalada por organismos como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
El problema no solo afecta a los analistas del conflicto, sino también a las entidades gubernamentales que dependen de datos precisos para tomar decisiones informadas. El Ministerio de Defensa, la Policía y la Fiscalía han implementado cambios metodológicos que, según Llorente, han restringido el acceso a las estadísticas delictivas, dificultando la identificación de puntos críticos de violencia.
Uno de los casos más preocupantes es el del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), una de las instituciones más rigurosas en el seguimiento del conflicto armado en Colombia. Cerac tomó la drástica decisión de despublicar todos sus informes de seguimiento al cese al fuego bilateral entre el Gobierno y el ELN debido a las intimidaciones del grupo armado. Jorge Restrepo, director del Cerac, prefirió mantener en reserva esta decisión, evitando confrontar directamente al ELN, que no ocultó su molestia por las cifras reveladas por la institución.
La gravedad de la situación fue destacada por la senadora Paola Holguín, del Centro Democrático, quien calificó el hostigamiento al Cerac como una amenaza directa a la libertad de información. «El Cerac, que llevaba ese reporte que era público, ya no lo hace por hostigamiento. Otras ONG que recogen información tampoco lo están haciendo porque la gente tiene miedo, ya que hay amenazas», expresó Holguín.
La falta de transparencia y las divergencias en las estadísticas oficiales dificultan los análisis y generan desconfianza entre los colombianos. Además, impiden que las autoridades locales adopten medidas correctivas efectivas para combatir la violencia. La situación se agrava con la falta de actualización en las cifras de instituciones clave como la Policía y Medicina Legal, que en algunos casos presentan discrepancias significativas en los registros de homicidios.
La manipulación de las cifras por parte del ELN y las restricciones impuestas por el Gobierno están poniendo en riesgo la capacidad de Colombia para enfrentar su conflicto interno, dejando a la población desinformada y vulnerando la credibilidad de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y la justicia.
