El anuncio del presidente Gustavo Petro sobre el aumento del salario mínimo para 2025, fijado en $1.623.500 (incluido el auxilio de transporte), ha desatado un intenso debate en los sectores políticos y económicos del país. El incremento del 9,54 % con respecto a 2024 busca, según el Gobierno, mejorar las condiciones económicas de los trabajadores en un contexto marcado por la inflación y el aumento del costo de vida.
Durante la presentación de la medida, el mandatario destacó que el bienestar de los trabajadores es esencial para el crecimiento del país. «Colombia va a crecer más si hay dignidad para el pueblo trabajador, si hay ingresos superiores a la inflación y crece el nivel de vida de la gente», afirmó Petro, recordando que en 2022 un aumento similar permitió que 1,6 millones de colombianos salieran de la pobreza.
Sin embargo, las reacciones a esta decisión no se hicieron esperar, mostrando una clara división entre quienes respaldan la medida y quienes la critican duramente.
Críticas desde la oposición y gremios económicos
Uno de los primeros en manifestar su rechazo fue Andrés Forero, representante de la oposición en la Cámara, quien calificó la medida de «populista». “Cuando por fin se estaba terminando de controlar el problema inflacionario, las medidas populistas del gobierno de Gustavo Petro vuelven a prender las alarmas. Hay que resistir 19 meses más de este mal gobierno”, señaló.
En la misma línea, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, sostuvo que el incremento carece de fundamento técnico. “Es un decreto populista del presidente Petro para congraciarse con los trabajadores y sindicatos del país. No tiene ningún sustento económico, social ni técnico, especialmente cuando la inflación de este año cierra en 5,1 %”, afirmó.
Por su parte, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, advirtió sobre los efectos adversos que podría generar la medida. “Las decisiones populistas son festejadas inicialmente, pero terminan generando pobreza, desempleo y más carga fiscal. Esta no será la excepción”, expresó.
Desde las pequeñas y medianas empresas, Rodolfo Correa, presidente de Acopi, también mostró preocupación. “El aumento del 9,54 % está fuera del alcance de las mipymes y pondrá en riesgo sus operaciones, dificultando además el control inflacionario”, afirmó.
Respaldo de los sindicatos
En contraste, el sindicalismo respaldó ampliamente la medida. Fabio Arias, presidente de la CUT, calificó el aumento como «importante y significativo». “Este es un paso clave para reducir la brecha salarial que los gobiernos neoliberales nos dejaron. ¡Vamos avanzando!”, declaró.
Análisis técnico y económico
Desde el ámbito académico y económico, el análisis fue más cauteloso. Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, alertó sobre los posibles efectos negativos del incremento. “Si bien es una buena noticia para los trabajadores formales, el aumento presionará la informalidad laboral y contribuirá al alza de la inflación, retrasando la recuperación económica”, explicó.
El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo enumeró cinco riesgos asociados a la medida: mayor inflación, limitación para bajar las tasas de interés, aumento de la informalidad laboral y empresarial, incremento del desempleo y mayores costos fiscales. “En un momento crítico para las finanzas públicas, esta decisión puede agravar la situación económica del país”, concluyó.
El debate continúa
El aumento del salario mínimo ha puesto en evidencia las tensiones entre los diferentes sectores del país, que se debaten entre la necesidad de mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores y el impacto que esta medida podría tener en la estabilidad económica y laboral. La discusión apenas comienza, y sus efectos se irán viendo en el transcurso del próximo año.
