El fiscal Francisco Barbosa llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para pedir medidas cautelares de “extrema urgencia” ante unos graves señalamientos, que según el jefe del ente acusador, están en voz y nombre del presidente Gustavo Petro.
Barbosa aseguró que el entonces senador, luego candidato y ahora presidente, generó “sentimientos de odio” en contra del fiscal, la Fiscalía y los funcionarios del ente acusador, por cuenta de una serie de declaraciones y publicaciones en redes sociales que llevaron a escenarios de violencia de diferentes sectores de la sociedad.
En un documento de 150 páginas, el fiscal Francisco Barbosa solicitó de manera formal medidas cautelares para restaurar los derechos que a su criterio fueron vulnerados con la diatriba del presidente Gustavo Petro en contra del fiscal y la institucionalidad del país, además de la honra con calificativos para endilgar responsabilidades.
Durante el extenso documento radicado en la comisión, el fiscal separó, en diferentes momentos, las intervenciones y declaraciones del presidente de la república, cuando fue senador, luego candidato y posteriormente primer mandatario de los colombianos. En cada uno de esos escenarios, el fiscal explicó en detalle de qué forma afectó sus derechos.
Para el fiscal Francisco Barbosa, las declaraciones y opiniones expresadas por el presidente de la república, a través de sus redes sociales, generaron situaciones de riesgo no solo para el jefe del ente acusador o los funcionarios de la misma Fiscalía, sino en diferentes sectores de la sociedad que, debieron enfrentar asonadas criminales por quienes consideraban reales los señalamientos.
“Basta este solo hecho, debidamente documentado, para probar que los sentimientos de odio sembrados en colectivo social a través de las redes sociales pueden llegar a materializar hechos violentos, que no solamente se quedan en ataques verbales a la dignidad de las personas e instituciones, sino que se materializan violencia física y actos de terrorismo contra los bienes de la entidad que represento”, señala la solicitud de medidas cautelares.
El resumen de hechos y pronunciamientos son, en criterio del fiscal, los argumentos para entender la situación de riesgo en que queda ahora como jefe del ente acusador y el otro año como ciudadano. De ahí que acuda a la CIDH por garantías a través de las medidas cautelares de urgencia en la protección de cuatro derechos que considera afectados: a la vida, a la integridad personal, a la honra y dignidad y, finalmente, a la familia.
Redacción: R.S
