El Gobierno ignoró los indicadores de inflación y productividad y fijó un aumento que supera ampliamente las recomendaciones técnicas, lo que anticipa mayores costos empresariales y riesgos para el empleo.
El presidente Gustavo Petro anunció, en una alocución realizada el 29 de diciembre, el aumento del salario mínimo para 2026, decisión que se tomó sin concertación con los empresarios y sindicatos, y dejando de lado las cifras de inflación y productividad laboral.
Mientras las centrales obreras pedían un incremento del 16% y los empresarios proponían una subida del 7,21%, acorde a la inflación anual del 5,30% reportada por el Dane, el Gobierno Petro decretó un aumento del 23,7%, llevando el salario mínimo —incluido el auxilio de transporte— a $2.000.000.
Según el mandatario, la cifra se compone de un “salario vital” de $1.750.905 y un subsidio de transporte de $249.095, bajo el argumento de cubrir gastos de alimentación, vivienda y salud, siguiendo el concepto de la OIT.
Con esta decisión, el Gobierno vuelve a fijar un aumento por encima de la inflación y lejos de los criterios de productividad recomendados por expertos, lo que —según se advierte— podría generar un fuerte impacto económico y mayores costos empresariales, afectando la generación de empleo.
Petro aseguró que el incremento “beneficia a las familias” y afirmó que el aumento real sería del 18,7%, mientras anticipó críticas desde sectores empresariales y opositores. El presidente defendió la medida señalando que impulsa el consumo interno y reduce la pobreza.
Por su parte, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, calificó la decisión como “un paso firme por la dignidad laboral y el bienestar de las familias”.
Sin embargo, el propio anuncio reconoce que el impacto del aumento deberá evaluarse frente a la inflación y el costo de la canasta familiar, en un contexto donde los empresarios alertan sobre el aumento de los costos laborales y los riesgos sobre el empleo para 2026.
