El Gobierno Nacional considera medidas extraordinarias para enfrentar la grave crisis de orden público que afecta al Catatumbo, en Norte de Santander. Según fuentes de alto nivel de la Casa de Nariño consultadas por SEMANA, el presidente Gustavo Petro está analizando, junto a su equipo más cercano, la posibilidad de declarar la conmoción interior como herramienta para agilizar un paquete de ayudas para la región.
La figura de la conmoción interior, consagrada en la Constitución, permite al Ejecutivo tomar decisiones excepcionales en situaciones que comprometan gravemente el orden público. Esta medida puede ser aplicada a nivel nacional o en áreas específicas por un período inicial de hasta 90 días, prorrogable por dos periodos adicionales con la aprobación del Senado. Sin embargo, su aplicación genera inquietud entre distintos sectores políticos por los alcances que podría tener.
La evaluación de esta posibilidad se da en medio de una escalada de violencia protagonizada por enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las FARC, que han sembrado el temor en Tibú y otras localidades del Catatumbo. Ante esta situación, el presidente Petro lideró este viernes 17 de enero un consejo de seguridad en Tibú, acompañado por autoridades regionales, la cúpula militar y de Policía. Pese a la expectativa generada, el mandatario no ofreció declaraciones concretas al término de la reunión, limitándose a señalar que se está trabajando en un plan integral para la región.
Fuentes oficiales indicaron que durante el fin de semana se llevará a cabo un extenso trabajo interministerial para diseñar soluciones de fondo que atiendan la grave situación en el Catatumbo.
En paralelo, el presidente Petro anunció la suspensión de los diálogos de paz con el ELN, argumentando la falta de voluntad de paz por parte del grupo insurgente. Esta decisión marca un giro drástico en los esfuerzos del Gobierno por alcanzar acuerdos con los actores armados ilegales.
La crisis en el Catatumbo sigue siendo un desafío prioritario para el Gobierno Nacional, que deberá equilibrar el uso de medidas extraordinarias con el respeto a las garantías constitucionales y los derechos de las comunidades afectadas.
