El presidente cuestionó a los constructores por indexar los valores de la vivienda al incremento del salario mínimo de 2026, mientras gremios como Camacol y Fedelonjas advierten que la decisión del Gobierno encarece la VIS y afecta a los hogares de menores ingresos.
El aumento del salario mínimo para 2026 en Colombia, fijado en un 23%, abrió un duro choque entre el Gobierno de Gustavo Petro y los principales gremios de la vivienda y la construcción. Mientras Fedelonjas y Camacol alertaron sobre el impacto de la medida en los precios de la Vivienda de Interés Social (VIS) y la Vivienda de Interés Prioritario (VIP), el presidente calificó como una “estafa” la vinculación directa entre el alza salarial y el encarecimiento de los inmuebles.
Los gremios advirtieron que la decisión carece de respaldo técnico y podría afectar el empleo formal, la estabilidad de precios y el acceso a vivienda. Recordaron que los topes de la VIS y la VIP están indexados al salario mínimo vigente: la VIP en 90 smmlv ($157.581.450), la VIS general en 135 smmlv ($236.372.175) y en grandes ciudades hasta 150 smmlv ($262.635.750).
De acuerdo con las cifras del sector, cerca del 50% de las viviendas licenciadas hasta octubre de 2025 corresponden a vivienda social, por lo que las familias que deban escriturar en 2026 deberán asumir los nuevos valores, incluso si su proceso de compra venía desde antes del anuncio.
El presidente de Fedelonjas, Mario Ramírez, afirmó que un incremento de esta magnitud “termina afectando a los hogares de menores ingresos”, al generar menos acceso y mayor presión financiera sobre los compradores. Camacol, por su parte, señaló que el alza salarial eleva los costos de construcción —especialmente la mano de obra, que representa el 25% de los costos directos— y estimó que el impacto agregado en el precio final de la vivienda podría acercarse al 10%.
Frente a estos argumentos, el presidente Gustavo Petro reaccionó con firmeza a través de X. Aseguró que decir a los compradores que los precios de vivienda se ajustan en el mismo porcentaje del salario mínimo “es una estafa delictiva” y pidió a la Superintendencia investigar y sancionar dichas prácticas. Petro sostuvo que el costo laboral es solo una parte del valor total de las obras y que algunos materiales importados han disminuido de precio.
Las declaraciones del mandatario generaron reacciones inmediatas. La exdirectora de la URF, Mónica Higuera, pidió mayor claridad para los ciudadanos, mientras que el concejal Humberto Amín cuestionó al presidente al advertir que el incremento del 23% al salario mínimo encarecerá de manera drástica la vivienda VIS y afectará a los estratos más bajos.
Desde el plano jurídico, la abogada Gloria Osorio recordó que el Decreto 949 de 2022 define los valores de la VIS y la VIP en salarios mínimos, por lo que el aumento en pesos ocurre de manera automática “por mandato normativo, no por decisión de los constructores”. Aseguró que no se trata de una estafa, sino de un problema de diseño regulatorio.
En medio de la controversia, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunció que el Gobierno expedirá un decreto para desindexar los precios de la VIS y la VIP del salario mínimo, con el objetivo de evitar incrementos automáticos y contener presiones de precios en la vivienda social.
