El Congreso de Perú se encuentra en el ojo del huracán tras revelarse una supuesta red de prostitución que involucra a altos funcionarios y personal del Legislativo. El detonante del caso fue el asesinato de Andrea Vidal, abogada señalada como pieza clave en esta red, quien falleció tras un atentado en Lima.
La Fiscalía inició una investigación preliminar contra Jorge Torres Saravia, exjefe de la Oficina Legal del Congreso, acusado de liderar esta trama junto a Vidal. Según un reportaje de la cadena Willax, Saravia habría reclutado a trabajadoras sexuales mientras Vidal las incorporaba al Congreso bajo la apariencia de secretarias o asesoras.
Declaraciones y defensas
Torres Saravia negó rotundamente las acusaciones en una entrevista con la emisora RPP:
«Estoy consternado por estas denuncias. También me han acusado de violador y asesino. Niego rotundamente todos los cargos. Todo es falso», afirmó. Asimismo, señaló que colaborará con las investigaciones tanto del Ministerio Público como del Congreso, aunque su paradero actual es incierto.
Un móvil político
El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Juan Burgos, aseguró que la supuesta red tenía como objetivo garantizar votos favorables en decisiones parlamentarias clave, descartando el dinero como móvil principal. Según informes, la colaboración entre Saravia y Vidal se rompió tras una disputa, lo que habría desencadenado el ataque mortal contra la abogada el pasado 9 de diciembre.
Vidal fue atacada por sicarios en el distrito de La Victoria, Lima. En el atentado, su conductor murió en el acto, mientras que ella falleció tras permanecer una semana en estado crítico.
Un historial controvertido
Torres Saravia, abogado de profesión, ingresó al Congreso en 2020 con el respaldo de Luis Valdez, secretario general de Alianza para el Progreso, un partido que apoya a la presidenta Dina Boluarte. Su historial incluye una denuncia por violencia sexual que, aunque reconocida por él, nunca fue judicializada.
Burgos informó que su comisión se reunirá de urgencia este viernes para analizar el caso. Tanto Torres Saravia como Valdez serán citados a declarar, ya que se sospecha que este último habría protegido y promovido al acusado, incluso tras conocer las denuncias en su contra.
Este escándalo ha sacudido el escenario político peruano, aumentando la presión sobre el Congreso y el Ejecutivo en un momento de creciente descontento ciudadano.
