La Fiscalía de Perú llevó a cabo un allanamiento en el Congreso el pasado 2 de enero, como parte de una investigación preliminar que destapó una presunta red de prostitución al interior del Parlamento. Este caso involucra al exjefe de la oficina legal del Congreso, Jorge Torres Saravia, quien además estaría vinculado al asesinato de su socia, Andrea Vidal, abogada y presunta colaboradora en la trama, asesinada a tiros en diciembre en el distrito de La Victoria, Lima.
El esquema de explotación sexual
De acuerdo con las investigaciones, Torres Saravia y Vidal habrían liderado una red que introducía prostitutas al Congreso, haciéndolas pasar por secretarias o asesoras. Según reportes de la cadena Willax, este esquema no buscaba obtener dinero, sino influir en las votaciones de los parlamentarios.
La Fiscalía de Delitos de Trata de Lima Centro realizó inspecciones en las oficinas legales y constitucionales del Congreso, así como en áreas de seguridad y recursos humanos, para recabar pruebas. «La investigación preliminar apunta al presunto delito de explotación sexual», señaló el Ministerio Público en su cuenta oficial de X.
Repercusiones y negligencia
El escándalo ha generado un fuerte rechazo político. Varios diputados han solicitado la destitución inmediata del oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno Flórez, acusándolo de negligencia al permitir la contratación de Torres Saravia. En una carta dirigida al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, los parlamentarios denuncian que Forno Flórez «ocultó intencionadamente la identidad de quien recomendó y facilitó el ingreso de Torres Saravia».
Más escándalos en el gobierno peruano
Mientras el Congreso enfrenta este vergonzoso episodio, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, también está bajo la lupa de la Fiscalía. El próximo 15 de enero, Boluarte deberá declarar en relación con el caso conocido como ‘Cofre Presidencial’, una investigación que busca esclarecer si el vehículo oficial de la Presidencia fue utilizado para facilitar la fuga de Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre y prófugo de la justicia desde hace más de diez meses.
La mandataria ha negado cualquier vínculo con el caso, asegurando que se trata de una «leyenda mediática» para desestabilizar su gobierno. No obstante, la Fiscalía también ha citado a otras figuras clave, como el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y el exprimer ministro Alberto Otárola, entre otros.
Un Congreso y un gobierno en crisis
Este doble escándalo deja en evidencia la profunda crisis de confianza en las instituciones peruanas, donde la corrupción y los actos ilícitos parecen haberse enquistado en los niveles más altos del poder. Las investigaciones avanzan, pero la ciudadanía exige respuestas contundentes y, sobre todo, justicia frente a los actos que continúan debilitando la democracia en el país.
