El 24 de julio, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) de Panamá anunció el hallazgo de diez cuerpos de migrantes que murieron ahogados debido a una crecida en el Tapón del Darién. Los cuerpos fueron encontrados cerca de la comunidad de Carreto, en la comarca indígena de Guna Yala.
En su comunicado, Senafront destacó que la delincuencia organizada transnacional y colaboradores locales están utilizando pasos no autorizados, poniendo en grave riesgo a los migrantes. La investigación también ha revelado sospechas de que los cuerpos podrían haber sido sepultados para encubrir vínculos criminales con el tráfico de migrantes.
Este año se han registrado 213,702 llegadas de migrantes, 9,000 menos que el año anterior. En julio, 12,632 migrantes cruzaron por tierra desde la selva del Darién. La mayoría de los migrantes que enfrentan este peligroso viaje provienen de Venezuela, pero también hay ecuatorianos, colombianos, haitianos y chinos.
El Tapón del Darién, una selva impenetrable de 17,000 kilómetros cuadrados, presenta numerosos peligros como ríos caudalosos, fauna salvaje y la presencia de grupos criminales. Las autoridades panameñas están intentando controlar la situación con la apertura de un «corredor humanitario» para proteger a los migrantes y facilitar su llegada segura a albergues gestionados por organizaciones internacionales como Cruz Roja, Unicef y ACNUR.
A pesar de estos esfuerzos, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha criticado el cierre de senderos en la selva, sugiriendo que estas medidas podrían llevar a más tragedias.
Para abordar la crisis migratoria, Panamá y Estados Unidos firmaron un acuerdo el 1 de julio en el que EE.UU. se comprometió a financiar con seis millones de dólares las deportaciones y expulsiones de migrantes desde Panamá. La implementación de estos vuelos chárter y comerciales para deportaciones es inminente, según la agregada regional de Seguridad Interna de Estados Unidos, Marlen Piñeiro.
