Aún están calientes los cuerpos de las dos personas ultimadas a balazos el pasado fin de semana en Caño Seco de Yopal. ¡Y ahora se conoce sobre el asesinato a cuchillo de 2 adultos mayores!
El asesinato brutal de Maria Evelia Gaitán de 70 años y José Antonio Bohórquez de 63 en la vereda La Niata de Yopal no es solo un trágico hecho aislado; es un grito desesperado de una comunidad que vive en constante zozobra. ¿Cuántas muertes más necesita la región para que las autoridades adopten acciones efectivas contra la ola de violencia que acecha las zonas rurales?
Este caso, en el que dos adultos mayores fueron atacados en su propia vivienda con armas cortopunzantes, evidencia una preocupante vulnerabilidad en las áreas rurales de Casanare. Los asesinos no sólo acabaron con la vida de una pareja de honestos y trabajadores seres humanos. Estos malandros siguen sembrando el miedo entre una población ya golpeada por otros hechos violentos. Como, para citar apenas un ejemplo, el desmembramiento de dos jóvenes mujeres: Leidy Johana Rendón y Jennifer Velandia. Sus cuerpos desmembrados, despedazados, fueron encontrados en bolsas de la basura en octubre y noviembre pasados.
La inseguridad en el departamento ha dejado de ser un tema esporádico para convertirse en una realidad diaria. Robos, homicidios, extorsiones y otros crímenes ocurren con una frecuencia que debería alarmar tanto a la ciudadanía como a las autoridades locales y nacionales.
Sin embargo, la pasividad de los responsables de garantizar la seguridad es ensordecedora. ¡La policía tiene la obligación constitucional de velar por la vida, honra y bienes de la gente!
Mientras las comunidades tienen terror, se preguntan: ¿dónde están los planes de seguridad prometidos? ¿Dónde están las estrategias preventivas y los operativos que disuadan a los delincuentes de seguir actuando con total impunidad?
Este nuevo doble homicidio debe servir como un punto de inflexión. La ciudadanía casanareña no puede seguir enfrentando sola el azote de la delincuencia. Es urgente que las autoridades se comprometan, no solo con investigaciones efectivas, sino con políticas reales y sostenibles que devuelvan la tranquilidad a la región.
La indignación no debe limitarse al lamento momentáneo. Es hora de exigir rendición de cuentas y resultados tangibles, porque en Casanare, la vida de sus habitantes no puede seguir siendo una estadística más.
