El Consejo de Estado ha aclarado que el presidente Gustavo Petro, a pesar de su fuero, está obligado a responder ante la justicia por delitos de injuria y calumnia. Esta decisión marca un precedente importante en la aplicación de la ley, reafirmando que ningún funcionario está exento de rendir cuentas por sus acciones.La resolución surge en respuesta a una serie de denuncias que implican al presidente en casos de difamación. Según el Consejo de Estado, el fuero presidencial no debe ser un escudo contra la justicia, especialmente en delitos que afectan la honra y el buen nombre de las personas.Este pronunciamiento subraya la importancia de la igualdad ante la ley y refuerza la necesidad de que todos los ciudadanos, independientemente de su cargo, sean responsables de sus palabras y actos.
