Luz Samira Rodríguez fue retirada del proceso horas antes de una imputación y advierte que la decisión se basó en información falsa.
Un nuevo episodio dentro de la Fiscalía General encendió las alarmas sobre la autonomía de los fiscales en Colombia. La fiscal Luz Samira Rodríguez le solicitó formalmente a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, que no ejerza represalias ni presión en su contra, luego de ser apartada de una investigación que lideró durante dos años, justo horas antes de una imputación.
Según el documento enviado por la fiscal Rodríguez, la resolución que la retiró del caso se sustentó en argumentos que calificó como erróneos y basados en “falsas motivaciones”. Entre las razones expuestas en la decisión firmada por Camargo se indicó que la fiscal tenía “numerosas” investigaciones disciplinarias y que existía una duplicidad de procesos, al haber dos radicados y fiscales distintos en el mismo caso.
Sin embargo, la fiscal afectada aseguró que esa información no es cierta. Señaló que no existen tales investigaciones disciplinarias y que los dos radicados ya habían sido conexados en un solo proceso días antes, precisamente para evitar duplicidades.
“Estos hechos, ocurridos antes de la expedición y comunicación de la resolución que se cuestiona, demuestran que el problema de la duplicidad ya estaba siendo gestionado y solucionado”, indicó Rodríguez en su comunicación dirigida a la fiscal general.
La investigación de la que fue apartada está relacionada con un fiscal que, de acuerdo con denuncias, presuntamente buscaba o presionaba testigos para declarar en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. La salida de Rodríguez del caso se produjo horas antes de que se realizara una imputación.
En su escrito, la fiscal fue directa:
“Respetuosamente solicito no se ejerza ningún tipo de represalia o persecución en mi contra y no ser trasladada a otra ciudad, toda vez que estoy cumpliendo mi deber legal y constitucional con honor institucional”.
Para expertos penalistas y funcionarios de la misma Fiscalía, este hecho —sumado a lo ocurrido en el caso de Augusto Rodríguez, director de la UNP, donde también se frenó una imputación— representa un grave riesgo para la autonomía e independencia de los fiscales.
La pregunta que queda en el aire, según advierten algunos de ellos, es contundente: si decisiones de este tipo se repiten, ¿qué fiscal se atreverá a avanzar en procesos sensibles sin temor a ser apartado o presionado?
