Una fuerte preocupación manifestaron los 19 alcaldes del departamento durante la reunión convocada por la Procuraduría Regional, en la que advirtieron que la obligación de garantizar la alimentación de las personas privadas de la libertad en estaciones de policía y carceletas podría llevar a la desfinanciación de programas sociales clave para la niñez, los adultos mayores y las víctimas del conflicto armado.
Durante el encuentro, realizado en el Comando del Departamento de Policía de Casanare, los mandatarios entregaron un balance de las acciones adelantadas en cada municipio para cumplir con este servicio, el cual se ha convertido en una carga financiera cada vez más insostenible para las entidades territoriales.
El alcalde de Yopal, Marco Tulio Ruíz Riaño, fue enfático en señalar que la situación actual es crítica: “En Yopal tenemos 111 personas privadas de la libertad, 70 son del municipio y el resto provienen de otras zonas del departamento e incluso del país. Alimentarlos cuesta alrededor de $1.400 millones al año, y el municipio no tiene esos recursos”.
Ruíz Riaño también recordó que esta problemática fue abordada recientemente en el Congreso de los Municipios, organizado por Asocapitales en Cartagena los días 1, 2 y 3 de mayo, donde se planteó la necesidad de gestionar ante el Gobierno Nacional el retiro de esta obligación a los entes territoriales. “No es viable seguir con esta responsabilidad, los recursos son limitados y debemos priorizar a nuestras comunidades más vulnerables”, expresó el alcalde.
A la reunión asistieron representantes de la Policía Nacional, el INPEC, la Defensoría del Pueblo, la Personería Municipal y otras instituciones. Las autoridades coincidieron en la necesidad de buscar soluciones estructurales que permitan garantizar los derechos de la población privada de la libertad sin comprometer el bienestar de otros grupos poblacionales.
Los alcaldes reiteraron su llamado urgente al Gobierno Nacional para revisar el marco legal y presupuestal de esta competencia, y evitar que los municipios continúen asumiendo una carga que, según manifestaron, no les corresponde ni pueden seguir financiando.
