El proceso penal contra el expresidente Álvaro Uribe, por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, ha dado un vuelco inesperado. Un informe forense al que SEMANA tuvo acceso revela que las pruebas clave en su contra, incluidas las grabaciones hechas por el testigo estrella Juan Guillermo Monsalve, habrían sido manipuladas, alteradas e incluso eliminadas. La defensa del exmandatario, encabezada por el abogado Jaime Granados, prepara una denuncia para identificar a los responsables de estas irregularidades, la cual será radicada en los próximos días.
El análisis forense de los relojes con cámara, usados por Monsalve para grabar al abogado Diego Cadena en la cárcel La Picota, concluyó que estos dispositivos presentaban daños físicos que impidieron un análisis completo. Entre los hallazgos más preocupantes se encuentran una pila «soplada» y una tapa suelta, lo que sugiere una posible manipulación intencional. Según el informe, este tipo de daño no parece ser producto del desgaste natural, sino de una intervención con el fin de deshabilitar el reloj o interferir con sus funciones de almacenamiento o transmisión de datos.
La defensa de Uribe sostiene que la Fiscalía no entregó todos los elementos materiales probatorios para su debido análisis, incluyendo los relojes y el celular del senador Iván Cepeda. Además, se menciona que hay una diferencia considerable en el número de archivos encontrados en los dispositivos de Monsalve: más de 102.000 archivos entre el computador y el celular.
El abogado Miguel Ángel del Río, representante legal de Juan Guillermo Monsalve y Deyanira Gómez, respondió a las acusaciones en redes sociales, rechazando los señalamientos de la defensa de Uribe y calificándolos de “refrito” con el objetivo de retrasar el proceso hasta su prescripción. Sin embargo, las revelaciones del informe forense añaden una capa de incertidumbre al juicio, y podrían cambiar el curso de la investigación.
La situación, que ya era tensa, se ha agravado tras la publicación de estos hallazgos, lo que plantea serias preguntas sobre la integridad de las pruebas presentadas contra el expresidente y la conducta de quienes las manipularon.
