Debilitar a Agrosavia implica perder competitividad, degradación ambiental y aumento de la pobreza rural. Sin ciencia y tecnología no hay seguridad alimentaria.
Aurelio Suárez Montoya
Destruir las instituciones del agro parece ser política de Petro. Se han develado “torcidos” en la compra de tierras en la Agencia Nacional (ANT) y la cesión del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) a la politiquería de los verdes, de Carlos Amaya y del fugitivo Carlos Ramón González. Yohir Akerman reveló barbaridades en la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y se asfixia a Agrosavia, columna vertebral de la ciencia del sector agropecuario.
Felipe Harman infringe la ley y el principio de publicidad al no colgar en la página web los estados financieros, quizás para encubrir los miles de millones de pesos que se gasta en autobombo, que incluye pautas con discursos suyos.
Harman le montó en Pereira al exalcalde de Santa Rosa de Cabal, Rodrigo Toro, un directorio político con 25 funcionarios de su cuerda contratados, a modo de delegación de la ANT, el mismo que compró una cuadra de tierra por 1.500 millones de pesos y que está de candidato a la Cámara de Representantes. En el Cesar, con una forma contractual similar e idénticas aspiraciones politiqueras, pasa lo mismo. La directora Alexandra Pineda está investigada en la Procuraduría por “presunta participación indebida en política” y por solicitar dinero a servidores públicos “para el transporte de líderes sociales y comunitarios a eventos políticos” (Procuraduría, boletín 625 de 2025).
Hay más. Según el semanario LaCalle de Valledupar, el director de Tierras del Cesar, Alcides Araújo, con parentesco de afinidad con Pineda, y nueve funcionarios se certificaron como reclamantes de tierras sin merecer tal condición. Al ser descubierto, Araujo “desistió” por “razones personales” el 15 de julio, pero no los demás. ¿Qué con Henry Montoya, cónyuge de Pineda? ¿Qué con Myladis Pino, excandidata a la Asamblea?
Estas infracciones no puede taparlas el señor Harman con un viaje de urgencia a Valledupar, ni con un hilo de trinos (X, @harmanfelipe, 28/7/25). Al contrario, debe facilitarle a la Procuraduría los elementos que permitan saber la verdad y sancionar a los responsables.
A propósito del Cesar, 50 familias, desplazadas hace décadas de la Hacienda Bellacruz (La Gloria), que estuvieron meses en protesta en las instalaciones de la ANT en Bogotá, se ubicaron en la finca Dinamarca, en la vereda El Amparo de Maní (Casanare). Acorde con un estudio de 2022 de la Upra, esa zona presenta “limitaciones para el establecimiento y desarrollo de sistemas productivos”, “inundaciones y encharcamientos extremadamente largos”. ¿No hubo análisis técnico? ¿Poner a esas familias en cualquier lado? Por casos similares, el mismo Harman denunció en la Fiscalía a Gerardo Vega, el director anterior.
Estas familias están desamparadas desde el 11 de marzo, con el agua al cuello en la ola invernal. Como el precio promedio por hectárea ahí es de 10 millones de pesos y el predio tiene 625, ¿le pagaron al señor Gustavo Adolfo Robles López, el vendedor, 6.250 millones de pesos? Un testimonio de tal desastre lo presentó Noticias Caracol (X, @NoticiasCaracol, 5/7/25).
A la vez que no deja de apestar la podredumbre en la ANT, se marchita a Agrosavia, que lidera la generación de conocimiento e innovación. En 2023, por la tecnología transferida, los productores colombianos se beneficiaron en más de un billón de pesos, un retorno social de 3,5 por peso invertido, es la primera institución del sector en ese rango y en la ejecución presupuestal que fue del 96 por ciento en 2024. Para castigarla, en 2026 el presupuesto sigue en picada, a 236.000 millones de pesos frente al de 2024, que fue de 299.000 millones, 27 por ciento menos en dos años, el doble del IPC.
En Agrosavia, 600 investigadores (con maestrías y doctorados) y más de 1.000 trabajadores calificados ven cómo se desarticulan proyectos de innovación en genética, sanidad, bioeconomía, sostenibilidad y adaptación al cambio climático, y se anuncia una “reingeniería” en busca de “eficiencia”. Debilitar a Agrosavia implica perder competitividad, degradación ambiental y aumento de la pobreza rural. Sin ciencia y tecnología no hay seguridad alimentaria. Para completar la trama, van tres meses en busca de director en un proceso con secretismo.
La ministra Carvajalino ha de explicar la política institucional del ministerio: ¿se trata de facilitar la politiquería en la ANT, el ICA y la ADR, y exterminar Agrosavia? ¿Existen intereses detrás como los del catalán Vendrell, el exjefe de las bodegas petristas, que se lucra de proyectos de desarrollo rural con firmas privadas y fondos de inversión, como él lo promociona en varios medios?
https://www.lavanguardia.com/internacional/20230709/9096876/campos-sangre-campo-digno.html
