Una situación de gran controversia ha surgido en torno a la abrupta rotación de escoltas en la Casa de Nariño, presuntamente ordenada por Verónica Alcocer y Laura Sarabia, desatando acusaciones de fuego amigo y presuntas irregularidades en la administración de los esquemas de seguridad presidencial.
Según revelaciones exclusivas obtenidas por Semana, el polémico episodio se habría gestado durante una reunión clave el 11 de junio, en la cual participaron la primera dama, Verónica Alcocer, la directora del Dapre, Laura Sarabia, y el coronel Carlos Feria. En dicha reunión, se discutió la supuesta filtración de información por parte de algunos esquemas de seguridad hacia Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), lo que habría motivado una decisión de rotación masiva bajo el pretexto de desconfianza hacia el personal.
Los escoltas afectados han expresado su consternación por la falta de claridad en torno a las razones de su rotación. «Simplemente nos dijeron que éramos ‘no gratos’. Es indignante después de años de servicio», lamentó uno de los afectados, quien prefirió mantenerse en el anonimato.
Además, surge la preocupación por las acciones simultáneas de Verónica Alcocer y Laura Sarabia, quienes, según documentos obtenidos, habrían solicitado cambios en sus respectivos esquemas de seguridad sin explicaciones detalladas ni fundamentos claros, lo cual ha levantado sospechas de arbitrariedad en las decisiones tomadas.
A pesar de las múltiples quejas presentadas ante la Procuraduría por presunta extralimitación de funciones y falta de transparencia en el manejo de la seguridad presidencial, ninguna investigación formal ha sido anunciada hasta el momento.
Este escándalo no solo pone en entredicho la seguridad del presidente Petro y su familia, sino que también cuestiona la integridad de las decisiones administrativas en un sector tan crucial como es el de la protección presidencial.
La falta de respuestas concretas y la ausencia de una investigación exhaustiva continúan alimentando las sospechas y la incertidumbre entre los afectados y la opinión pública en general.
