SEMANA conoció la denuncia penal contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por un presunto modelo de corrupción enquistado desde hace años en la petrolera y que comprometería 170 millones de dólares.
Al exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, lo acosa otro escándalo por un millonario contrato de servicio de transporte aéreo para la compañía petrolera y sus filiales. La denuncia, que fue radicada en el despacho de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, advierte contratos amañados, pliegos sastre y un modelo corrupto que se habría enquistado desde hace varios años en la empresa, pero que Roa no atajó, por el contrario, lo mantuvo.
El caso involucra a Milton Cabeza Peñaranda, gerente de Helistar, una compañía de aviación que, según la denuncia, se habría beneficiado con el direccionamiento de contratos para prestar servicios helicoportados al Grupo Empresarial Ecopetrol. La familia Cabeza sería cercana a Danilo Romero, reconocido aliado político del Gobierno y compadre del presidente Petro.
Esta nueva controversia que rodea a Roa arrancó el 16 de agosto de 2023, cuatro meses después de asumir la presidencia de la compañía, cuando, según la denuncia, Ecopetrol lideró el proceso de selección de proveedor de servicio aéreo en representación de sus filiales Cenit, Ocensa y otras empresas del sector. La responsabilidad de la petrolera fue diseñar y ejecutar la estrategia para ese contrato.
Sin embargo, las filiales quedaron con la facultad de suscribir contratos de manera independiente con Helistar. La denuncia detalla que en ese proceso licitatorio “solo se invitó a participar a seis empresas nacionales”, lo que habría dejado por fuera a la competencia. También explica que los pliegos fijaban plazos “irrisorios” para presentar las ofertas.
Una de las condiciones que llamó la atención tuvo relación con las fechas para el inicio de operaciones. La oferta se cerraba el 9 de octubre de 2023 y el arranque era el 1 de noviembre. Ni un mes tuvieron los interesados para responder a las necesidades del gigantesco negocio ni se habría cumplido con el plazo para que los oferentes incorporaran nuevas aeronaves a su flota. Así, varios tuvieron que dar un paso al costado.
Lo grave, según el documento en poder de SEMANA, es que la licitación habría sido “amañada”, esto porque Ecopetrol habría omitido la exigencia de un certificado que acredita los estándares de aeronavegabilidad a través del fabricante del helicóptero o una entidad internacional; el trámite habría quedado subsanado con un simple certificado emitido por la Aeronáutica Civil. “Situación sin precedentes, que va en contra de la normatividad aeronáutica nacional”, se lee en la denuncia.
El contrato se firmó el 29 de agosto de 2024, pero se dividió en dos partes: Alcance Principal: Bases de Cúcuta y Soracá (79,5 por ciento de la demanda) asignado a Helistar, y Alcance Secundario: Base de Paz de Ariporo (20,5 por ciento de la demanda) asignado a Helicol. Sin embargo, siete meses después, Ecopetrol canceló el contrato con Helicópteros Nacionales de Colombia –Helicol– por, supuestamente, incumplir requisitos técnicos y documentales, y, de un plumazo, se lo entregó a Helistar.
Helicol no se quedó quieta y denunció ante la Fiscalía, por medio de su apoderado, el abogado Julián Quintana, las movidas que se habrían realizado al interior de Ecopetrol para sacar a los competidores de Helistar. Tanto Roa como Cabeza fueron denunciados por concierto para delinquir, acuerdos restrictivos de la competencia e interés indebido en la celebración de contratos.
Quintana detalló que la petrolera terminó el contrato sin justificación y hasta habrían puesto a un exempleado de Helistar, que para ese momento era el coordinador aéreo de Cenit (empresa de Ecopetrol a cargo del transporte y la logística de hidrocarburos), a decidir.
Helicol alega una serie de irregularidades en los reportes de hallazgos en el proceso de inspección y en la decisión de quitarles el contrato: “Este esquema de corrupción debe ser investigado y sancionado penalmente, pues afecta la transparencia en la contratación pública, la libre competencia y genera un monopolio ilegal”, afirmó Quintana.
Pero hay un elemento que resulta delicado: la relación entre Orlando Cabeza, hermano de Milton Cabeza, con el círculo más cercano del actual Gobierno, en particular con Danilo Romero, el compadre del presidente Petro. La denuncia advierte que esa compañía de aviación ha conseguido, en esta administración, contratos con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la cuestionada UNGRD.
En la denuncia se precisa un evento entre el presidente de Ecopetrol y Orlando Cabeza: “Roa fue presentado a Cabeza en un almuerzo en el apartamento de Romero, un encuentro que, aunque ha sido negado oficialmente, refuerza las conexiones entre el círculo de poder del gobierno y los intereses comerciales de Helistar”. Orlando, quien ejerce el cargo de delegado de la Junta Directiva con funciones equivalentes a las de presidente o CEO de Helistar, según la denuncia, ha sido vinculado con estructuras del narcotráfico por “documentos de la inteligencia de la Policía (…)”.
Danilo Romero es el padrino de la hija menor del mandatario, Antonella Petro, y tendría una estrecha relación con la primera dama, Verónica Alcocer. De hecho, la senadora Paloma Valencia denunció, en noviembre de 2024, que un directivo de Cenit, la filial de Ecopetrol, habría sido presionado para entregarle contratos al esposo de la “mejor amiga de la primera dama, que supuestamente aportó mucho dinero para la campaña”.
La familia Cabeza también habría estado involucrada en el escándalo de los camiones de basura de segunda que durante la alcaldía de Gustavo Petro llegaron a Bogotá. Su empresa habría servido de garantía para la importación de esos vehículos. Helistar también habría sido la empresa que llevó a Armando Benedetti a Venezuela para posesionarse como embajador de Colombia en ese país.
¿Un carrusel?
La denuncia advierte que este modelo corrupto estaría funcionando en Ecopetrol desde el año 2011, años antes de la llegada de Roa, cuando las compañías del grupo empresarial unificaron la selección del proveedor de transporte aéreo en helicópteros. Desde ese año se firmó el primer contrato por cinco años con Helistar.
A partir de entonces, según la denuncia, los contratos se renuevan cada quinquenio, a la medida de Helistar. La prueba del presunto amarre sería la modificación que han tenido frente al requisito de antigüedad de las aeronaves.
“Es así como para el concurso de 2022, la antigüedad máxima exigida ya no era 5 años (como lo pedía el contrato de 2011), sino 20 años. El requisito de antigüedad iba aumentando conforme la edad de la flota de Helistar”, dice la denuncia.
