La Fiscalía General de la Nación desarticuló una red de fraude que, en plena emergencia sanitaria por la covid-19, creó empresas ficticias para obtener millonarios beneficios económicos del sistema de seguridad social. Once personas, presuntamente involucradas en esta organización, fueron capturadas y presentadas ante la justicia.
El caso, calificado como uno de los fraudes más grandes contra la salud en Colombia, reveló cómo esta estructura criminal operaba en municipios del Valle del Cauca, como Cali, Tuluá, Sevilla y Palmira. Allí, se constituyeron empresas de papel para registrar falsas afiliaciones de trabajadores independientes, con el objetivo de acceder a subsidios y beneficios otorgados por el Gobierno durante la pandemia.
Modus operandi: un entramado bien estructurado
Según la Fiscalía, los implicados simularon actividades económicas en sectores como vigilancia, aseo, construcción y cooperativas. A través de contratos y nóminas falsificadas, lograron presentar vínculos laborales inexistentes. En algunos casos, los supuestos empleados aceptaron participar voluntariamente para cotizar a la seguridad social por valores inferiores a los requeridos, aumentando así el impacto del fraude.
El ente investigador detalló que esta estrategia permitió a la red acceder a subsidios y exenciones fiscales, apropiándose ilícitamente de al menos 5.000 millones de pesos, una suma que golpea directamente al sistema de salud, utilizado por millones de colombianos.
Judicialización y cargos
Los capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías, donde la Fiscalía les imputó los delitos de fraude a subvenciones, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares. Ninguno aceptó los cargos, y el juez les impuso medidas de aseguramiento en centros carcelarios.
En palabras de la Fiscalía: “La investigación demuestra cómo se utilizó la pandemia, una crisis que afectó a todos los colombianos, para construir un esquema de defraudación que afectó los recursos de la salud y puso en riesgo la sostenibilidad del sistema”.
Este caso deja en evidencia la necesidad de fortalecer los controles sobre los aportes y beneficios del sistema de seguridad social, para evitar que organizaciones criminales se aprovechen de las vulnerabilidades en tiempos de crisis.
