Desde Washington, altos funcionarios mostraron inquietud por lo que consideran una creciente politización del sistema judicial colombiano, a propósito del proceso penal contra el expresidente Uribe
Minutos después de que la jueza Sandra Heredia, titular del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, anunciara que se hallaron méritos suficientes para sustentar los cargos por fraude procesal y soborno en actuación penal contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, figuras prominentes del espectro político estadounidense reaccionaron con una mezcla de consternación y escepticismo hacia la independencia del poder judicial colombiano.
Las palabras más tajantes provinieron del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que no titubeó al expresar su desaprobación. A través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de X, el alto funcionario norteamericano sentenció que el caso marcaba un “precedente preocupante”.
“El único delito del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria. La instrumentalización del poder judicial colombiano por parte de jueces radicales ha sentado un precedente preocupante”.
Este comentario, emitido casi al unísono con la lectura del fallo, pone de relieve una fisura diplomática latente entre Washington y Bogotá, acentuada por una percepción de interferencia ideológica en los asuntos judiciales de Colombia.
El eco de las declaraciones de Rubio no tardó en amplificarse en el Congreso de su país. El senador Bernie Moreno, de ascendencia colombiana, respondió de forma vehemente, también desde la misma red social.
“Colombia se acerca un paso más a la ilegitimidad. Ya hemos visto esta película en Venezuela. Encabezaré una delegación bipartidista de senadores y altos funcionarios del gobierno para reafirmar nuestro compromiso con Colombia y su gran gente. No es demasiado tarde y Colombia puede resurgir más fuerte que nunca”, escribió el político.
De igual manera, la congresista republicana María Elvira Salazar, ferviente aliada del uribismo, calificó la decisión como “una infamia” y afirmó que “hoy no se hizo justicia en Colombia”.
Su declaración, difundida en su cuenta de X fue una defensa encendida del expresidente, al que se refirió como “el hombre que rescató al país del terrorismo y enfrentó a las FARC cuando nadie más se atrevía, Lo condenan porque se negó a pactar con criminales, porque es un obstáculo para la izquierda radical que quiere tomar el poder y convertir a Colombia en otra Venezuela(sic)”.
Además, señaló: “Es el mismo libreto del castrochavismo: persecución política contra todo el que se oponga a sus agendas radicales. Desde Estados Unidos, alzamos la vos: ¡Uribe no está solo! ¡Los colombianos decentes y amantes de la libertad están con él!“.
Las repercusiones no se limitaron al Senado, puesto que desde la Cámara de Representantes, el congresista Mario Díaz-Balart —reconocido por su postura crítica frente al actual Gobierno colombiano— se sumó al coro de advertencias. Su declaración, igualmente publicada en X, no solo denunció una presunta persecución política contra Uribe, sino que retrató un panorama alarmante de deterioro democrático.
“Como he advertido en numerosas ocasiones, la decisión del juicio falso, la persecución política y la cacería de brujas contra el expresidente Álvaro Uribe es una evidente violación del Estado de derecho y refleja el avance de fuerzas de extrema izquierda que controlan a Gustavo Petro. Desde Estados Unidos, es muy preocupante ver día a día el deterioro de la democracia, la seguridad, la creciente violencia política y el aumento de grupos criminales en Colombia bajo Petro”, afirmó.
Las palabras de Díaz-Balart no solo amplificaron el tono confrontativo, sino que reflejaron una lectura integral de la situación colombiana, que incluye preocupaciones por la seguridad interna, el fortalecimiento de estructuras criminales y el cuestionamiento a la legitimidad del actual Ejecutivo.
Aunque su lenguaje fue más acusatorio que el de Rubio o Moreno, todos coinciden en la misma línea argumental: la imputación de Uribe no puede leerse en clave jurídica pura, sino como expresión de una deriva institucional más amplia.
RS
