Alba Lucía Velásquez, magistrada del Consejo Nacional Electoral (CNE) y señalada de ser cercana al presidente Gustavo Petro, enfrenta cuestionamientos tras revelarse su vínculo con el Pacto Histórico durante las elecciones legislativas de 2022. Según documentos, Velásquez fue testigo electoral de dicha coalición, recibió un pago por su participación y posteriormente votó en contra de abrir pliego de cargos contra la campaña presidencial de Petro.
La polémica surge porque Velásquez no informó su participación en las elecciones al Congreso mientras ejercía como magistrada del CNE. Según registros entregados por la empresa Matrix al tribunal, Velásquez recibió un giro de 480.000 pesos el 8 de abril de 2022, autorizado por Guillermo Alfonso Jaramillo, entonces gerente de la campaña del Pacto Histórico y actual ministro de Salud.
Aunque Velásquez asegura que su labor se limitó a “apoyo electoral en los escrutinios” y no como testigo electoral formal, el vínculo genera dudas éticas. La magistrada sostiene que su participación fue puntual, anterior a su elección como magistrada, y que el pago recibido fue únicamente para cubrir transporte y actividades relacionadas con los escrutinios.
No obstante, abogados consultados por SEMANA consideran que Velásquez debió haber informado al CNE sobre su vínculo y permitir que el pleno del tribunal decidiera si existía un impedimento para su participación en decisiones relacionadas con la campaña presidencial de Petro.
El debate cobra relevancia porque las campañas legislativas y presidenciales del Pacto Histórico comparten elementos clave en las investigaciones por presunta financiación irregular. Entre los casos en el radar del CNE está la supuesta donación no reportada de un avión privado por parte de la Sociedad Aérea de Ibagué, relacionado con la criptomoneda Daily Cop, que habría financiado tanto a candidatos al Congreso como a Petro.
Velásquez ha rechazado las acusaciones. Aseguró a SEMANA que no existe obligación de reportar ingresos puntuales de actividades previas a su rol como magistrada y enfatizó que su labor electoral fue “como voluntaria”. Sin embargo, el hecho de que votara en contra de abrir cargos contra la campaña presidencial de Petro ha intensificado el escrutinio sobre su imparcialidad y su papel en el CNE.
Con los detalles expuestos y las investigaciones en curso, queda planteado un debate sobre los límites éticos y legales en las actuaciones de los magistrados electorales en Colombia.
