THIERRY WAYS
La movilización más explícita no es la del Gobierno, sino la que se congrega en los dispensarios.
El petrismo se ufana de haber sacado miles de personas a las calles este martes en apoyo de sus reformas sociales. Sin embargo, la gran mayoría de ellas eran integrantes de sindicatos afines al Gobierno o funcionarios públicos que, si no salían, se arriesgaban a caer en desgracia con sus superiores. Como si fuera poco, para incentivarlos hubo que decretar un día cívico sacado de la chistera.
Pero esos no son los únicos a los que el Gobierno saca a las calles. Mientras la Casa de Nariño se jacta de sus convocatorias poco espontáneas, miles de colombianos se ven obligados a congregarse por razones aún menos agradables. Desde la madrugada forman fila frente a los dispensarios de medicamentos: pacientes que requieren tratamientos para diálisis, diabetes, trasplantes o cáncer. Volverán a casa con las manos vacías. Es tal la disfunción del sistema que los enfermos acuden a grupos de WhatsApp donde se revenden e intercambian medicinas. O se donan las que les sobraron a los fallecidos. Un mecanismo de trueque como los que se han activado –esos sí espontáneamente– en los años más oscuros del chavismo y el castrismo.
Hay varios factores implicados en la crisis, pero uno fundamental tiene que ver con la gestión de este gobierno: la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y los llamados ‘presupuestos máximos’ para cubrir los costos de los tratamientos. Según Acemi, el gremio de las EPS, el déficit por estos rubros será de 13 billones de pesos este año. La UPC, que es lo que el Estado les gira a las EPS por cada afiliado, subió 5,36 % para 2025, monto que la Corte Constitucional declaró insuficiente. Para el exministro Alejandro Gaviria, el aumento debería ser al menos del triple. Otros expertos coinciden.
Mientras la Casa de Nariño se jacta de sus convocatorias poco espontáneas, miles de colombianos se ven obligados a congregarse por razones aún menos agradables
La entrega de medicinas no es el único órgano del sistema que está fallando. También las clínicas y los médicos se quejan de impagos. Un grupo de exministros y exviceministros del ramo denunció que 1.200 instituciones prestadoras de salud cerraron el año pasado. Y las tutelas para acceder a derechos relacionados con la salud se dispararon un 25 % entre 2023 y 2024.
Todo este sufrimiento ni siquiera ha traído el mejoramiento del sistema, tan cacareado por el Gobierno. Todo lo contrario: hoy los pacientes tienen más dificultades de acceso. La desigualdad también está empeorando. Como era previsible, se incrementó la compra de seguros de salud –un 23 %–. Pero este es un recurso al alcance de pocos. Y en modo alguno se ha reducido la corrupción en el sistema. Oigan no más las escalofriantes revelaciones de Paula Bolívar y Juan Pablo Calvás en La W.
Me asombran, o aterran, los funcionarios y legisladores petristas. No sé si fue por ingenuidad, soberbia, ideología, ambición, ineptitud o un sancocho de las anteriores, pero, en lugar de arreglar los defectos de un sistema que funcionaba relativamente bien, prefirieron reemplazarlo por uno que ellos mismos no se tomaron el trabajo de analizar. Les bastó el verbo acalorado de su jefe como garantía para apostar la salud de sus connacionales. De sus familiares y amigos.
Esos funcionarios, cual coreografía de zombis, siguen ciegamente las instrucciones de su líder, sin advertir la fosa reputacional a la que se dirigen. Porque arriesgo un pronóstico. Cuando se contabilicen las muertes evitables causadas por el modelo de salud de Petro, el país les echará en cara esa cifra a sus promotores, del mismo modo que la izquierda, con su reiterada pregunta “¿Quién dio la orden?”, le atribuye los infames ‘falsos positivos’ a la política de seguridad de Álvaro Uribe. Pero en este caso el número será mucho mayor que las 6.402 muertes que le imputan al uribismo: al menos un orden de magnitud más.
Y todo el mundo sabrá quién dio la orden.
THIERRY WAYS
