Investigaciones de la Fiscalía y la Procuraduría apuntan al actual director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Juan Felipe Harman, por presuntamente avalar construcciones ilegales en Villavicencio. El caso tiene su origen en un extenso predio conocido como La Camelia, donde las autoridades habrían ignorado fallos judiciales para evitar la urbanización irregular.
En el corazón del Meta, el predio La Camelia, una finca que hace dos décadas formaba parte de una herencia, se convirtió en el centro de un complejo entramado legal y político. Lo que inició como una herencia dividida en pequeños lotes vendidos sin permisos, derivó en la construcción de tres barrios ilegales. Según denunciantes, las autoridades locales, encabezadas en su momento por el entonces alcalde de Villavicencio, Juan Felipe Harman, facilitaron el proceso pese a las restricciones legales.
¿Complicidad desde el poder?
Harman, hoy director de la ANT, es señalado de haber desoído fallos judiciales que ordenaban restituir el predio al Juzgado para continuar con un proceso de sucesión. En su gestión como alcalde, aseguran los denunciantes, habría impulsado la legalización de esos barrios a través de maniobras administrativas cuestionables. Una de estas implicó la designación de un agente de tránsito como inspector de Policía, quien, según investigaciones, llevó a cabo un desalojo considerado ilegal por la Justicia.
En 2021, el Juzgado Primero de Familia de Villavicencio anuló dicha diligencia, calificándola como una violación al debido proceso y otros principios fundamentales. Además, señaló que las presiones para ejecutar la entrega del predio provenían de altos funcionarios de la Alcaldía, incluyendo la Secretaría de Gobierno y la Dirección de Justicia.
Presiones laborales y nuevas denuncias
Un inspector de Policía en propiedad denunció haber sido víctima de acoso laboral tras negarse a favorecer a los supuestos «tierreros» del Meta. Según su declaración, recibió múltiples llamadas de funcionarios municipales para proceder con la entrega de La Camelia, ignorando las disposiciones judiciales. Este testimonio refuerza la teoría de un entramado institucional para favorecer intereses privados.
Mientras tanto, las víctimas del despojo han logrado que tres fallos judiciales busquen restablecer sus derechos y detener las actividades de urbanización en La Camelia. Uno de estos fallos recientes incluye medidas cautelares contra los responsables de la construcción ilegal, así como una compulsa de copias para investigar posibles delitos ambientales en el predio.
Las versiones de los implicados
Juan Felipe Harman defendió su gestión, asegurando que cumplió con las órdenes judiciales durante su alcaldía y que el proceso quedó en manos de la administración actual. Según él, las acusaciones son «un refrito» y carecen de fundamento. Por su parte, el actual alcalde de Villavicencio, Alexánder Baquero, no respondió a las solicitudes de la prensa sobre su presunto vínculo con los «tierreros».
En tanto, la familia Ditterich, propietaria original de La Camelia, rechazó las acusaciones en su contra. Afirmaron no haber incurrido en construcciones ilegales ni haber financiado campañas políticas, como señalan los denunciantes.
Un caso sin cerrar
El escándalo no solo compromete a Harman, sino también a las autoridades locales actuales, quienes enfrentan el reto de cumplir los fallos judiciales. Las víctimas y sus representantes legales exigen respuestas claras y acciones contundentes. Sin embargo, el panorama continúa nublado por acusaciones cruzadas y la lenta acción judicial.
El caso La Camelia evidencia cómo la inacción de las instituciones puede perpetuar la vulneración de derechos fundamentales. Ahora, la lupa está puesta en Villavicencio, donde las autoridades deberán demostrar si están dispuestas a romper el ciclo de irregularidades que persigue este caso.
