Daniel Coronel
Antes de entrar en el tema de esta columna, quiero contarles que conocí a la doctora Ángela María Buitrago después de que ella fuera fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, y luego de varios años, le pedí que fuera mi abogada en un proceso contra el señor expresidente Álvaro Uribe, por injuria y calumnia agravadas. Cuando aceptó el Ministerio de Justicia, hace poco menos de un año, ella renunció a mi representación, que fue asumida por la doctora Jennifer Olivero. El expresidente está acusado en ese proceso, que sigue pendiente de definición.
Detrás de la renuncia de la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, no hay solamente presiones burocráticas; también el ejercicio de influencias por parte de congresistas de la bancada de gobierno para autorizar la exportación de una sustancia controlada, saltándose la ley y la instrucción de una dependencia de la Presidencia para emitir un concepto desfavorable a una extradición.
Hace menos de un mes, el miércoles 23 de abril, la ministra asistía a un debate sobre la jurisdicción indígena en el Congreso. Un funcionario le indicó que la senadora Gloria Flórez, miembro de la bancada de gobierno y presidenta del Partido Colombia Humana, quería hablar con ella. Flórez venía acompañada por dos personas, al menos una de ellas de nacionalidad cubana quien se identificó como Ailene Díaz Estévez, gerente de la empresa Tecnosuma, una compañía biotecnológica de propiedad del Estado cubano.
Esas personas le dijeron a la ministra que necesitaban exportar a la isla un material llamado cloruro de calcio dihidratado. Le explicaron que era urgente porque requerían el químico para efectuar hemodiálisis y atender pacientes diabéticos. La ministra les explicó que se trataba de una sustancia controlada porque está en el listado de precursores para la producción de cocaína y que para exportarlo deben cumplirse unos requisitos legales que son verificados por la Dirección de Sustancias, la Policía Nacional y el Ministerio de Justicia.
La gerente de la empresa cubana replicó que ellos ya habían escrito a la Dirección de Sustancias y que tenían un problema: la empresa biotecnológica no era la misma que iba a exportar. La ministra contestó que la ley no contemplaba excepciones, y se comprometió a enviar las normas a la senadora Gloria Flórez. Efectivamente, lo hizo ese mismo día.
Pensó que el tema estaba superado, pero el 7 de mayo recibió un mensaje de WhatsApp reenviado por la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, Angie Rodríguez: “Si le preguntan, como me preguntó la ministra, ¿por qué el proveedor no lo exporta directamente?, la respuesta es que por temor a las sanciones del bloqueo no hace exportaciones directas a Cuba, por ello Tecnosuma se encarga de la compra local y exportación, sin embargo, el producto viaja directo al aeropuerto sin que Tecnosuma lo almacene o maneje. Angie no olvides lo de Cuba por favor, ellos lo necesitan para salvar vidas. Es la firma de la ministra”. En seguida la directora del Dapre escribió: “Me dice la senadora Isabel Zuleta”. Es decir otra legisladora de la bancada de gobierno.
La ministra no iba a aceptar presiones para firmar una decisión contraria a la ley, aunque invocaran razones humanitarias. No había pasado un minuto desde la llegada del mensaje cuando le marcó a la directora del Dapre, pero ella no tomó la llamada. Respondió: “Doc, estoy con el presidente”.
No fue esa la única vez que tuvo que lidiar con presiones para saltarse las normas. Esta semana la invitaron a emitir un concepto jurídico para evitar una extradición. El martes pasado, 13 de mayo, al regresar de una visita a Washington, la ministra se encontró con un documento llamado “concepto desfavorable” que pretendían que ella firmara como propio, para justificar la no extradición del jefe de una disidencia guerrillera.
El llamado “concepto desfavorable” no había sido preparado por un abogado, sino por la politóloga María Paz Lara, de la oficina del comisionado de paz, Otty Patiño. Pude averiguar, por una fuente distinta a la ministra, que el favorecido con el concepto era Gabriel Yepes Mejía, alias HH, el cabecilla del grupo Comuneros del Sur, disidencia del Ejercito de Liberación Nacional, ELN.
El presidente Gustavo Petro ha celebrado que este frente se haya rebelado contra la comandancia del ELN para firmar el mes pasado el primer acuerdo de la llamada paz total, y entregar material de guerra que fue destruido.
Al mismo tiempo, hay una circunstancia que no se puede ignorar. Por cooperación internacional con Estados Unidos, la DEA infiltró ese grupo, tiene llamadas interceptadas y seguimientos que muestran a alias HH como un capo del narcotráfico que negocia precios y establece impuestos en la frontera con Ecuador. La Corte Suprema de Justicia le dio visto bueno a su extradición el mes pasado.
De acuerdo con las normas vigentes. La Corte Suprema aprueba una extradición si la persona solicitada ha sido plenamente identificada y las conductas que le endilgan son delito en Colombia. Es una función puramente notarial, el concepto de la Corte no es vinculante. El presidente de la República es el único que puede autorizar o negar el envío de una persona.
Por esa razón, la ministra no tenía la facultad de emitir un “concepto desfavorable”, como querían imponérselo para disfrazar de jurídica una decisión política.
Hay más razones para la renuncia de la ministra de Justicia, pero estas dos, no reveladas hasta ahora, muestran claramente por qué Ángela María Buitrago se había vuelto tan incómoda para algunos miembros del gobierno.
