En noviembre pasado, en una apuesta por combatir el hambre y atender poblaciones vulnerables, el presidente Gustavo Petro lanzó el programa de ollas comunitarias. El objetivo, pasados más de 7 meses, ha sido brindar ayudas alimentarias para las poblaciones damnificadas por la ola invernal y los desastres naturales. No es una iniciativa cualquiera: solo para 2023 el presupuesto para darle forma ascendió a $117.000 millones; sin embargo, persisten sendos cuestionamientos alrededor de cómo y quiénes terminan beneficiados de los millonarios recursos.
La entidad encargada de liderar el programa es la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) que, en respuesta a un derecho de petición elevado por EL COLOMBIANO, reveló que son 145 las ollas comunitarias que actualmente funcionan en el país. Detrás de ellas se encuentran juntas de acción comunal (JAC) y organizaciones comunitarias encargadas de brindar alimentos para su mantenimiento.
Según el organismo, las ollas comunitarias no son otra cosa que “procesos organizativos que se han desarrollado a lo largo de la historia nacional y latinoamericana en diversas situaciones sociales como respuesta de carácter local. Se constituyen para preparar y brindar alimentos a sus vecinos y comunidades en situación de vulnerabilidad siguiendo sus hábitos alimenticios, tradicionales y ancestrales”.
Bajo esa premisa, que tiene asidero además en la declaratoria de situación de desastre a nivel nacional –que le permite a Petro transferir plata de forma discrecional–, el “gobierno del cambio” ha girado recursos para beneficiar a cerca de 13.430 personas. Las cifras conocidas por este diario indican que una tercera parte de los municipios beneficiados por las ollas comunitarias (52) se concentran en Bolívar, donde Gustavo Petro logró mayorías electorales tanto en primera vuelta (360.319 votos) como en segunda (493.000).
Al revisar en detalle, se evidencia que los municipios de Pinillos (con 10), Magangué y Mompox (cada uno con 8), son los que concentran mayor número de ollas comunitarias. Por departamentos le siguen también Sucre, Chocó y Atlántico.
De acuerdo con la UNGRD, se priorizaron estos territorios porque registraron las mayores afectaciones por “eventos de emergencia derivados de la temporada de lluvias y el fenómeno de la niña” registrado en agosto de 2021 y que dejaron un saldo de 27 departamentos y 536 municipios agobiados “por inundaciones, flujos torrenciales y deslizamientos”.
Además, son territorios donde se ha registrado “más de una declaratoria de emergencia o calamidad y que han permanecido afectados prolongadamente por fenómenos hidrometeorológicos”. A ello se suman dificultades evidenciadas en “visitas en campo” en materia de extrema pobreza, inseguridad alimentaria y malnutrición en todas sus formas.
No obstante, la misma entidad revela que La Guajira y Magdalena son territorios priorizados para el programa, pero el primero no cuenta con una sola olla comunitaria –a pesar de que históricamente ha sido afectado por condiciones de pobreza y desnutrición– y en Magdalena apenas hay registradas 9, fundamentalmente en los municipios de San Zenón y El Banco.
Para Juan Pablo Contreras, asesor del Instituto Anticorrupción –organismo que le ha puesto lupa al programa–, además de que las reglas de las alianzas “no son muy claras y pueden conllevar a riesgos de corrupción si la reglamentación no logra tener un buen alcance”, salta a la vista que no se priorizaron municipios que también resultaron afectados por la ola invernal.
“A pesar de que los valores de las transferencias no son de mayor cuantía, los criterios de asignación de recursos no han sido lo suficientemente transparentes en la práctica. Desde el Instituto, por ejemplo, vimos cómo otros municipios afectados no fueron priorizados a pesar de estar pasando una situación invernal de gran impacto”, explica.
Según Contreras, los criterios de selección de propuestas “no son del todo claros”, no hay información sobre las propuestas técnicas y no hay claridad sobre los informes que tenían que presentar de la ejecución presupuestal.
“Para nosotros no es un proceso del todo transparente y ahí está el principal problema. En la medida en que se siga fortaleciendo la contratación a través de las Alianzas Público-Populares, es necesario aumentar los controles presupuestales. No puede seguir sucediendo que los criterios de asignación de recursos se presenten de forma discrecional”, agrega.
Las cifras conocidas por EL COLOMBIANO revelan que, con miras a atender a 801.730 personas damnificadas, la UNGRD priorizó 145 municipios de 12 departamentos. De Antioquia, únicamente fue escogido Murindó, que registró 476 familias damnificadas.
Bolívar, con 156.888; Sucre, con 149.421; Magdalena, con 109.243; Córdoba, con 91.307, y La Guajira, con 85.612, son los departamentos con mayor número de damnificados. Solo superado por Sucre (44.656), Maicao, en La Guajira, es el municipio con más damnificados, con 35.892.
Pese a que en Quibdó hay apenas 10.690 personas damnificadas, es el municipio con mayor número de juntas de acción comunal o fundaciones beneficiarias del programa de ollas comunitarias: 15 en total. Una situación parecida ocurre en Pinillos (Bolívar) donde, aunque hay 9.601 damnificados, pululan las JAC: 10 en total.
La información evidencia también que, hasta abril pasado, el Gobierno Nacional había desembolsado más de $11.631 millones de los $22.604 millones presupuestados para estas organizaciones. El valor de las Alianzas Público-Populares, como las denominó Petro, varían entre $135 millones y $162 millones, y todas le apuestan a beneficiar a 100 personas en un periodo de 3 meses.
La guía técnica de asistencia alimentaria de la UNGRD indica que las organizaciones aliadas están obligada a comprar “los alimentos perecederos, no perecederos y si se requiere agua”, para la preparación de dos comidas calientes para las comunidades.
Además de favorecer la tradición regional y las compras locales, se precisa que el 30 % de las comidas deberá contener cereales, raíces, tubérculos, plátanos y derivados. A ello se suma un 20 % de verduras o frutas, y un 20 % de alimentos de “alta calidad proteica”, como carnes, pollo, pescados, huevos o leguminosas (es decir, frijol, garbanzo o lentejas).
Según reveló Petro en diciembre pasado, el programa de ollas comunitarias es el insumo para un plan mucho más grande y a largo plazo, que abarcar la compra de cosechas a los campesinos y la creación de una red de distribución de alimentos a bajo precio.
“La solución de fondo es garantizar a la población vulnerable un sistema permanente de abastecimiento de alimentos, impulsado por el Estado. Las medidas de urgencia no nos solucionan el problema. Nos sirven para paliar los días que estamos viviendo, sobrepasarlos, pero hay que establecer las medidas de más largo plazo, que nos permitan vivir bien, a pesar de que los inviernos empeoren”, señaló en ese entonces.
Sin embargo, el programa no deja de generar inquietudes que se acentúan a medida que comienza la etapa electoral en firme con miras a los comicios regionales de octubre próximo. Recientemente, la representante a la Cámara Carolina Arbeláez (Cambio Radical) reclamó que el Gobierno les adeuda varios recursos a las organizaciones, lo que ha implicado paralizar las ollas comunitarias en algunas poblaciones.
“En ningún momento dudamos de la capacidad de las organizaciones comunitarias, al contrario, es loable que les permitan acceder a estos proyectos para el apoyo social, pero es importante que no se les afecte porque hemos conocido varias denuncias de que les adeudan recursos y les ha tocado parar la entrega de comida caliente. Nos quedan muchas dudas sobre cómo se priorizan las familias beneficiadas. Aquí falta transparencia y es urgente que los entes de control investiguen inmediatamente porque en época electoral esto es cuestionable”, declaró recientemente la congresista.
De hecho, recientemente la Fundación del Lado de la Gente, que opera en Barrancabermeja (Santander), denunció que, aunque al principio los pagos se realizaban a tiempo, en marzo se interrumpió el flujo de dinero, lo que obligó a paralizar el programa casi 10 días y que la UNGRD también les adeuda un mes de servicios prestados.
Incluso, desde la organización alegaron que nadie les responde en la Unidad y enrostraron la idoneidad del actual director, Olmedo López Martínez, ligado al Polo Democrático y a la senadora Clara López (Pacto Histórico), quien en 2015 se lanzó a la Gobernación de Antioquia. A principios de mes se conoció además que está involucrado en un lío penal por un crédito por más de $300 millones que pidió a nombre de una empresa de la que era socio y que terminaron, supuestamente, en las cuentas de campaña del entonces candidato Gustavo Petro a la Presidencia en 2018.
Ante todo esto, la representante Arbeláez alertó además que, de los $117.000 millones presupuestados, alrededor de $5.850 millones se destinan para gastos administrativos, lo que le resta músculo financiero al programa. También señaló que aún no se han ejecutado $80.835 millones, por lo que urge ponerle lupa a los próximos beneficiarios y los territorios de impacto de cara a que no terminen en manos de políticos que puedan malograr el dinero para influir en las elecciones del 29 de octubre.
Las ollas comunitarias no dejan de ser una iniciativa positiva para luchar contra el hambre que persiste en el país y para empoderar a las comunidades de cara a su desarrollo. Sin embargo, las dudas y cuestionamientos que siguen empantanando el programa podrían echar al traste el proyecto. Su vigilancia y transparencia en época electoral serán determinantes para lograr constituirse en una iniciativa de largo plazo que le haga frente al hambre.
Redacción E.C
