El nombre de Juliana Guerrero, quien suena como posible nueva viceministra de la Juventud, genera debate por varios datos que no cuadran en su trayectoria académica, laboral y social.
De acuerdo con registros oficiales, Guerrero sigue activa en el Sisben IV nivel B6 (pobreza moderada), dato que ella misma actualizó en febrero de 2022, cuando ya acumulaba contratos y experiencia en entidades públicas y privadas. Posteriormente, en noviembre de 2023, su información fue nuevamente ajustada.
En su perfil laboral declara 6 años de experiencia en el servicio público y 7 en el sector privado, aunque al revisar sus certificaciones aparecen dudas. Hasta hace poco se desempeñó como secretaria ejecutiva, código 4212 grado 26, con un salario básico mensual de $4.141.829, y además ejerció como jefa del Grupo de Coordinación del Gabinete en el Ministerio del Interior. También estuvo en la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, entre el 10 de noviembre de 2022 y el 1 de enero de 2023, y en la Universidad Industrial de Santander (UIS) celebró dos contratos entre noviembre de 2023 y febrero de 2024 para servicios de apoyo y gestión como enlace territorial.
Uno de los puntos más polémicos es que le certificaron un contrato en la asociación Raíces Afro entre enero de 2019 y julio de 2024, cuando todavía era menor de edad al firmar, pues nació en abril de 2002. Allí figuraba como coordinadora de desarrollo y territorialización de la Política Pública de Juventudes. En paralelo, el consejo comunitario Cocomacoiro de Condoto (Chocó) la acreditó como coordinadora en territorialización de la Política de Paz Total, entre enero de 2023 y junio de 2024.
En su más reciente paso por el Ministerio del Interior, entre marzo y julio de 2024, trabajó como contratista con un contrato de $14,7 millones, prorrogado en agosto de 2023. Sin embargo, en el SIGEP de 2024 declaró apenas $3 millones de ingresos anuales y una cuenta de ahorros con saldo de $50.000.
Finalmente, el trámite para su designación como viceministra se adelantó de manera exprés el 6 de marzo de 2025, lo que ha despertado críticas y cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.
