Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, fue trasladada a una guarnición militar para cumplir con la medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía. Enfrenta graves acusaciones en el marco de un proceso penal relacionado con el millonario entramado de corrupción que habría saqueado la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) durante la administración de Olmedo López.
La Fiscalía General asegura que Ortiz desempeñó un papel clave en el tráfico de influencias y el direccionamiento irregular de contratos. Estos actos buscaban favorecer a políticos, contratistas y particulares. Las declaraciones de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, y Sneyder Pinilla, su exsubdirector, fueron fundamentales para imputar cargos contra Ortiz, quien enfrenta delitos como tráfico de influencias y lavado de activos.
A continuación, las siete evidencias más relevantes que comprometen a Sandra Ortiz en este caso.
1. La reunión en la Casa de Nariño
El 21 de septiembre de 2023, en el segundo piso de la Casa de Nariño, cámaras de seguridad registraron un encuentro entre Sandra Ortiz y Olmedo López. Según López, en dicha reunión Ortiz le transmitió una orden para direccionar contratos, supuestamente emanada por Carlos Ramón González, entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia.
Ortiz habría utilizado esta reunión para influir en la asignación de recursos destinados a congresistas, incluyendo al senador Iván Name, de la Alianza Verde. La Fiscalía destacó el conocimiento político de Ortiz como un factor determinante para ejecutar este tipo de maniobras.
2. El encuentro en la habitación 2612
Cuatro días después, el 25 de septiembre, Ortiz convocó un desayuno en su suite del Hotel Tequendama, en Bogotá. Participaron el senador Iván Name y Sneyder Pinilla. Durante la reunión, según la Fiscalía, se acordó un pago de 3.000 millones de pesos al senador Name, supuestamente para financiar la campaña de su hija al Concejo de Bogotá.
3. Contratos direccionados para el Atlántico
En chats entregados por Sneyder Pinilla, Ortiz insistió en asignar recursos de la UNGRD al departamento del Atlántico, un territorio de interés político para Iván Name. El resultado fue una adición presupuestaria de 11.000 millones de pesos, aunque se desconoce el destino final de estos fondos.
4. Transporte de dinero en maletas y camionetas
Ortiz presuntamente utilizó su suite en el Hotel Tequendama como centro de operaciones para coordinar la entrega de 3.000 millones de pesos en efectivo a Name. Según la Fiscalía, dio órdenes específicas para adquirir maletas resistentes y usó vehículos de su esquema de seguridad para transportar el dinero.
5. Envíos en dos entregas
El dinero fue enviado en dos partes: 1.500 millones de pesos el 12 de octubre y otros 1.500 millones al día siguiente. Informes técnicos de GPS confirmaron que los vehículos de seguridad de Ortiz estuvieron en las cercanías del apartamento de Name en Bogotá.
6. Mensajes cifrados
Para evitar ser detectada, Ortiz utilizó códigos en sus comunicaciones con Pinilla. Expresiones como “pendientes a las onces” referían a la entrega de los fondos. La Fiscalía indicó que Ortiz eliminó partes clave de estas conversaciones, lo que evidencia un intento de obstrucción a la justicia.
7. Borrado de pruebas
El uso de mensajes cifrados y la eliminación de conversaciones en WhatsApp llevaron a la Fiscalía a calificar a Ortiz como un riesgo para la investigación. Según el ente acusador, la exfuncionaria podría continuar destruyendo evidencia relevante si permanece en libertad.
Conclusión
La medida de aseguramiento contra Sandra Ortiz refleja la gravedad de las pruebas en su contra. La Fiscalía argumenta que su rol fue central en la red de corrupción que afectó a la UNGRD. La exconsejera deberá enfrentar el proceso privado de su libertad mientras las autoridades avanzan en las investigaciones.
