Dos meses después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) formulara pliego de cargos contra el presidente Gustavo Petro y los directivos de su campaña por presuntas violaciones a los topes electorales, el petrismo ha presentado más de 30 tutelas y demandas buscando detener la investigación. Sin embargo, las instancias judiciales han fallado consistentemente en favor del tribunal electoral y en contra de los argumentos de quienes respaldan a la Casa de Nariño.
Tanto jueces de la República como el Consejo de Estado han ratificado la competencia del CNE para avanzar en la indagación, y recientemente la Corte Constitucional también reconoció la facultad del organismo electoral para investigar a fondo las finanzas de la campaña presidencial.
En un golpe adicional para el petrismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en el pasado favoreció a Petro tras su destitución por parte de Alejandro Ordóñez, desestimó la narrativa del «golpe blando» que ha sido una constante en el discurso del mandatario.
Esta serie de reveses judiciales marca un duro golpe para los intentos del petrismo de frenar las investigaciones que podrían comprometer la legalidad de la financiación de su campaña.
