Las autoridades han revelado detalles escalofriantes sobre el secuestro del niño Lyan José Hortúa Bonilla, ocurrido el pasado 3 de mayo en Jamundí, Valle del Cauca. Todo apunta a que no se trató de un secuestro común, sino de un caso ligado a una antigua deuda entre poderosos actores del narcotráfico.
De acuerdo con fuentes oficiales, el rapto habría sido ordenado por un reconocido capo conocido como Diego Rastrojo, quien buscaba saldar cuentas pendientes con la madre del menor, Angie Bonilla, y su pareja sentimental. El objetivo inicial era secuestrar a alguno de los adultos, pero ante su ausencia, los criminales se llevaron al niño.
La deuda ascendería a más de 37 mil millones de pesos, relacionada con bienes y dinero manejados en el pasado por alias Mascota, el padre biológico de Lyan y figura de alto perfil en redes criminales del Valle, asesinado en 2013. Angie Bonilla, según las investigaciones, habría sido administradora de esos bienes.
El caso generó un enorme revuelo en los círculos del crimen organizado del Valle del Cauca. Fuentes aseguran que varios capos intentaron mediar para proteger la vida del menor, pero dejaron claro que el pago debía realizarse. Finalmente, y tras días de incertidumbre, la familia accedió a entregar una fuerte suma de dinero —más de cuatro mil millones de pesos— como primer abono de la deuda.
El niño fue liberado en coordinación con la Cruz Roja Internacional y la Defensoría del Pueblo. Durante su cautiverio, estuvo amarrado los primeros días y recibió medicamentos esenciales enviados por su familia.
Este caso deja al descubierto la profunda influencia del narcotráfico en algunas regiones del país, la vulnerabilidad de los menores y el vacío institucional que enfrentan muchas familias en medio del miedo y la desesperación.
🔺 Una historia que aún no termina y que exige respuestas claras por parte de las autoridades.