La Cancillería enfrenta críticas por recontratar a funcionarios removidos por el Consejo de Estado
La Cancillería de Colombia ha sido objeto de controversia tras reincorporar en cargos diplomáticos a funcionarios que habían sido retirados por decisiones del Consejo de Estado. Este asunto ha generado una serie de demandas y quejas, con aproximadamente 70 acciones legales presentadas desde agosto de 2022, de las cuales una decena han tenido éxito y han llevado a la destitución de algunos funcionarios.
A pesar de las promesas del presidente Gustavo Petro de priorizar a los funcionarios de carrera diplomática en los nombramientos en consulados y embajadas, la práctica ha continuado dando preferencia a candidatos externos y políticos. En lugar de cumplir con la normativa establecida, la Cancillería ha sido acusada de reincidir en la designación de personas que ya habían sido removidas por fallos judiciales.
Entre los casos destacados se encuentra el de Sebastián Guanumen, quien fue inicialmente designado cónsul en Santiago de Chile y posteriormente embajador en el mismo destino, a pesar de las demandas en su contra. Otro ejemplo es Aixa Carolina Kronfly, quien, tras la nulidad de su nombramiento como cónsul en Sevilla, fue reinstalada en el mismo cargo poco después.
El caso de Ricardo Alfredo Montenegro Coral, quien fue confirmado nuevamente como ministro consejero en la Embajada de Colombia en Brasil tras la anulación de su primer nombramiento, también ha sido objeto de debate. Otros funcionarios, como Paola Andrea Vásquez Restrepo y Karen Natalia Carvajal, han experimentado cambios de rol y aumento en sus posiciones de poder tras la revocación de sus cargos originales.
La Cancillería ha sido criticada por estas prácticas, que parecen contradecir los fallos judiciales y las normas constitucionales que exigen una carrera diplomática profesional para estos roles. La situación ha suscitado preocupaciones sobre la transparencia y la legalidad en los nombramientos dentro del servicio exterior colombiano.
