La Procuraduría Delegada para la Función Pública abrió una investigación preliminar contra Edmundo Suárez, viceministro de Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa, debido a un contrato millonario relacionado con el mantenimiento de los helicópteros rusos MI-17.
El caso se desató luego de que el ministro de Defensa, Iván Velásquez, anunciara que estaba próximo a firmarse el convenio para reparar estas aeronaves. Sin embargo, en medio de ese trámite, surgieron denuncias que señalaban posibles irregularidades en el proceso de adjudicación.
Las denuncias
Fuentes de la Procuraduría confirmaron que la investigación comenzó tras recibir una denuncia que apuntaba a que el viceministro Suárez habría ejercido presiones indebidas para favorecer a la empresa MI-Series Personnel & Parts LLC, con sede en Florida, Estados Unidos.
Según documentos en poder de las autoridades, Suárez habría facilitado un procedimiento “exprés” para que una comisión técnica de la Aerocivil visitara las instalaciones de la compañía en Estados Unidos. Esta aprobación, que usualmente tarda hasta 30 días, se habría dado en menos de cuatro horas.
La solicitud fue gestionada por Gloria Constanza González, asesora del despacho presidencial, tras presuntas presiones de Suárez. A esto se suma el rol del coronel retirado Rodrigo Zapata, actual secretario de Seguridad de la Aerocivil, quien habría autorizado el desplazamiento de la comisión, según las denuncias.
El centro de la controversia
Durante la visita, la comisión evaluó las capacidades técnicas de MI-Series para realizar el mantenimiento de los helicópteros, incluyendo la reparación de motores, palas de rotor principal y de cola, transmisiones y otros componentes clave. El problema, según un informe recibido por la Procuraduría, es que MI-Series no contaría con la documentación técnica necesaria para prestar estos servicios, como lo advirtió la empresa rusa NHC Mil&Kamov, única desarrolladora y propietaria del diseño de los helicópteros MI-17.
Adicionalmente, se señala que esta visita habría permitido a MI-Series ampliar sus capacidades técnicas para competir en el contrato, algo que pone en duda la transparencia del proceso.
Lo que está en juego
El procurador delegado para la Función Pública, Marcio Melgosa, ahora evalúa si el viceministro Suárez utilizó su posición para influir en el proceso de selección, favoreciendo a una empresa cuya idoneidad técnica está en entredicho.
Este caso no solo pone en la mira la gestión del viceministro Suárez, sino que también genera cuestionamientos sobre el manejo de los recursos públicos en contratos estratégicos para la defensa del país. Las investigaciones de la Procuraduría determinarán si hubo irregularidades y responsabilidades penales o disciplinarias en este proceso.
